España abre la puerta desde este viernes a la posibilidad de que los enfermos sin curación o con enfermedades crónicas incapacitantes puedan decidir si llegan al final de su vida, apoyados por cuidados paliativos, o si acaban con ella, gracias a la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia, aprobada por el Parlamento español en marzo, con la que el país se convierte en el séptimo del mundo en reconocer este derecho. La entrada en vigor de la Ley abre nuevos espacios para los partidarios de una muerte digna, pero el enfrentamiento entre partidarios y detractores continúa en España con el debate sobre si la falta de inversión en cuidados paliativos para los enfermos terminales ha llevado a una norma que permite el derecho a elegir libremente. “Me parece un retroceso en la sociedad y un retroceso en la inversión de algo que a mí me parece primordial como son los cuidados paliativos”, ha declarado a Efe Águeda Rey Tobalín, una paciente de ELA de 53 años que sostiene que la muerte forma parte de la vida y no se puede negar. Según una encuesta realizada en 2019 por la encuestadora Metroscopia, el 87% de los españoles apoya la despenalización de la muerte asistida.VIVIR O MORIR DIGNAMENTE “El derecho a morir dignamente y el derecho a vivir dignamente son compatibles, es más, son complementarios. Si se hiciera bien, abarcaría todo el abanico de opciones que debe tener cualquier ser humano en relación con su propia vida”, argumenta a Efe Jorge Murillo, paciente de ELA.Los cuidados paliativos en España están lejos de tener la misma disponibilidad por paciente que en otros países europeos donde la eutanasia también está regulada. “Sabemos que hay unos 75.000 pacientes españoles que mueren cada año sin acceso a los servicios de cuidados paliativos”, explica a Efe Marcos Gómez Santos, médico especializado en esta área.A pesar de la demanda social que ha llevado a España a aprobar esta ley, asociaciones provida como HazteOir.org y Derecho a Vivir están en contra. La ley también tendrá que enfrentarse a los recursos de inconstitucionalidad presentados por el conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox, que votaron en contra de la norma, y que consideran que vulnera un derecho fundamental como es el derecho a la vida. “El (Tribunal) Constitucional tiene ahora en sus manos la obligación de garantizar el derecho a la vida y el Gobierno de desarrollar una ley de cuidados paliativos que proteja la vida, y que no nos lleve por una pendiente resbaladiza como ya se ha visto en Holanda“, argumenta Rosana Ribera de Gracia, portavoz de Derecho a Vivir.En 2019, las Comisiones Regionales de Verificación (CRV) de Holanda recibieron 6.361 notificaciones de eutanasia. Se trata del 4,2% del total de personas fallecidas ese año, lo que supone un aumento del 3,8% respecto a 2018, según la Oficina Central de Estadística del país europeo. “No hay ni un solo dato que indique que hay una pendiente resbaladiza en Holanda, es decir, que la vida de nadie está en riesgo. Tampoco ha habido un solo homicidio, porque los médicos no se convierten en verdugos como dicen los fundamentalistas”, explica a Efe Fernando Marín, vicepresidente de Derecho a Morir Dignamente.UN DERECHO RECLAMADO DESDE HACE TIEMPOLa muerte voluntaria y televisada del parapléjico Ramón Sampedro en 1998 inició un debate en España sobre la conciencia social del derecho a morir con dignidad. Su caso resurgió en 2004 tras el éxito de la oscarizada película “Mar adentro“, inspirada en su vida y protagonizada por el actor Javier Bardem.Sampedro murió tras ingerir un preparado de cianuro que le habían suministrado, después de 29 años de enfermedad y tras perder la batalla legal que había emprendido en 1993 para que le aplicaran la eutanasia. Él mismo grabó el vídeo de su muerte para que las personas que le ayudaron en los preparativos no fueran sancionadas.Un caso que se ha reproducido años después en la historia de Maribel Tellaetxe, una enferma de Alzheimer, cuyo viudo, Txema Lorente, se convirtió en un reconocido defensor de la eutanasia en España. “Mi mujer Maribel estuvo magníficamente atendida en los últimos meses antes de morir, pero los cuidados paliativos nunca le devolvieron la autonomía, ni el habla, ni la memoria”, aseguró a Efe y remarcó la dificultad de regular la ley en relación a las enfermedades mentales. “Ella decía que cuando no tenía autonomía, cuando no nos conocía, cuando no sabían quiénes éramos cada uno, cuando no tenía capacidad de amar; no quería vivir así, un toque de tristeza porque mi mujer, Maribel, no pudo disfrutar de ese derecho”, explicó.