La reforma al Poder Judicial que el Congreso aprobó este viernes es la más trascendente desde 1994, aunque la atención se centra en la polémica prórroga de la presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de Arturo Zaldívar, cercano al Gobierno.
Estas son las cinco claves de la reforma judicial mexicana que busca “combatir con mayor eficacia la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual en el Poder Judicial“, según Zaldívar, su principal ideólogo.
Aunque no era parte original de la reforma, la bancada oficialista en el Senado introdujo la semana pasada un inesperado artículo transitorio que extiende la presidencia de Zaldívar de 2022 a 2024, cuando termina el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
La norma, ratificada por los diputados este viernes, también extiende hasta 2026 los cargos de cinco miembros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el órgano presidido por Zaldívar encargado de supervisar a los jueces, que han recibido presiones públicas de López Obrador.
El mandatario argumentó que sólo Zaldívar puede encabezar la “transformación” del Poder Judicial, a pesar de que el artículo 97 de la Constitución establece que la presidencia de la SCJN durará cuatro años sin reelección.
La reforma presentada por Zaldívar y López Obrador en febrero de 2020 disminuye la carga de trabajo de la Suprema Corte, que ahora sólo discutirá los recursos de amparo de “aquellos asuntos que impliquen violaciones directas a la Constitución”.
Además, el pleno de la Corte, integrado por 11 ministros, sólo elegirá asuntos que “tengan un interés excepcional” en materia constitucional o de derechos humanos.
“Cambia la naturaleza de la Suprema Corte al hacerla cada vez más un tribunal constitucional, con más facultades para resolver casos más importantes o con mayor trascendencia”, explicó a Efe Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Aunque la reforma constitucional fue aprobada en diciembre pasado, derivado de ella el Congreso avaló este viernes el dictamen que expide la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y la Ley de Carrera Judicial, y reforma otras cinco leyes vigentes.
La nueva norma creará una Escuela Federal de Capacitación Judicial y una renovación de la carrera judicial en la que habrá concursos de oposición “para todas las categorías”, medida que busca erradicar el nepotismo y el influyentismo.
Además, buscará formar a los jueces para que tengan un perfil “más cercano”, “capacitado” y “sensible” con evaluaciones obligatorias por parte del CJF para controlar la corrupción.
La ley también establece un servicio de defensores públicos para promover un “nuevo perfil” de defensores que sean “verdaderos defensores de los pobres.”
“Antes se les conocía como defensores de oficio, pero esto es muy importante, que en todos los casos haya abogados, mujeres y hombres que defiendan a los débiles de los abusos que cometen los fuertes”, dijo López Obrador al presentar la iniciativa.
Los defensores serán formados en la nueva Escuela Judicial, con un esquema integral que busca la paridad de género y con una perspectiva contra el acoso sexual.
Hasta ahora, la Suprema Corte necesita fallar cinco veces en el mismo sentido para sentar jurisprudencia, un precedente que ha servido para garantizar derechos como el matrimonio igualitario y el consumo personal de marihuana.
Pero la reforma “revoluciona el sistema de jurisprudencia”, por lo que se eliminará la obligación de estas cinco sentencias y sólo bastará un precedente aprobado por una mayoría calificada de la SCJN.
“Se propone que este Alto Tribunal avance a un sistema de precedentes en el que todas y cada una de sus sentencias tengan impacto en la vida pública”, dijo Zaldívar al presentar la reforma.
