La Secretaría de la Función Pública, encargada del combate a la corrupción, compró pruebas Covid-19 tres veces más caras a una empresa sin empleados y sin experiencia, denunció la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con una investigación realizada por esta ONG, la dependencia, en la que hasta el lunes estuvo a cargo Irma Eréndira Sandoval, pagó 11 mil 625 pesos por un kit que contiene 25 pruebas de antígeno para detectar el coronavirus SARS-CoV-2.
El informe detalla que, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un kit con idénticas características podría adquirirse en el mercado por sólo 3 mil 100 pesos.
A través de un contrato firmado el 24 de diciembre de 2020, la dependencia adquirió 90 de estos kits, por los que pagó poco más de un millón de pesos.
Esta investigación salió a la luz justo un día después de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, destituyera a Sandoval como titular de la secretaría sin explicación alguna y la sustituyera por Roberto Salcedo, hasta ahora subsecretario de la misma institución.
Según la investigación de MCCI, la empresa Grupo Val Integra, que vendió estas pruebas, fue creada el 9 de diciembre de 2015 por dos jóvenes de 29 y 27 años para la comercialización de todo tipo de productos, pero no tiene empleados ni experiencia.
Además, su domicilio legal se encuentra en la parte superior de una tienda de abarrotes, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, donde reside uno de sus socios.
En el informe, Víctor Omar Pérez, socio y administrador, justificó que las diferencias en el precio se debían a que la empresa contratada ofrecía el servicio de muestreo en las instalaciones de la Secretaría.
Este mismo argumento, señaló MCCI, lo dio un vocero de la dependencia federal.
Sandoval fue nombrado en 2018 para encabezar la Secretaría de la Función Pública para combatir la corrupción, una de las promesas estrella del presidente López Obrador.
Sin embargo, su gestión se vio empañada por la polémica exoneración del director de la empresa pública de electricidad CFE, Manuel Bartlett, acusado de ocultar bienes, y por un informe que destapó cinco casas propiedad de Sandoval y su marido.
Al anunciar su relevo el lunes, Sandoval reivindicó “las buenas cuentas de su gestión”, como la aprobación de la Ley de Austeridad, la mejora de 14 posiciones en el índice internacional de percepción de la corrupción y las sanciones a 371 empresas.
