Los gobernadores de Aguascalientes, Colima, Coahuila, Guanajuato, Durango, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas exhortaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a fijar su postura sobre los procesos de desafuero.
Una carta firmada por los mandatarios señala: “Exhortamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie sobre el conflicto constitucional entre la Federación y las entidades federativas respecto a la interpretación del quinto párrafo del artículo 111 de la Constitución Federal”.
Esto se refiere a que “la definición de la competencia de los órganos federales y locales en el procedimiento de desafuero es fundamental para el futuro del pacto federal y no puede ser materia exclusiva de la decisión de una cámara legislativa, sino que es un proceso de colaboración entre la Federación y las entidades federativas en el que debe delimitarse la participación de cada uno de los ámbitos de gobierno involucrados”, dice el documento.
Los gobernadores firmantes admitieron que la Cámara Federal tiene una parte soberana e inatacable de la decisión, pero precisaron que “constitucionalmente, las entidades federativas participan teniendo la última palabra en lo que se refiere al retiro de la inmunidad de los servidores públicos locales”. En este sentido, los poderes federales, Ejecutivo y Legislativo, han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución, que se pronuncie sobre el tema, ya que es trascendental definir la relación entre la Federación y las entidades federativas respecto de los procedimientos de responsabilidad”.
El comunicado señala que “habíamos desterrado el uso faccioso de los procedimientos constitucionales como herramientas para la subordinación de las entidades federativas a la Federación. No se debe permitir que se configure un nuevo instrumento que pueda ser utilizado con este fin. El único órgano responsable de delimitar las facultades de los ámbitos de competencia es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la exhortamos a asumir con responsabilidad su papel en el sistema jurídico mexicano para contribuir al fortalecimiento del federalismo, la división de poderes y lograr el objetivo de consolidar el Estado de Derecho que todos buscamos.
El documento está firmado por los gobernadores Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.
Este último con un proceso de desafuero aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de abril, pero al que se le negó su homologación por el Congreso local, por lo que se ha interpuesto una controversia constitucional ante la SCJN, que fue admitida, pero aún no se ha establecido si la solicitud de la legislatura tamaulipeca es o no admisible.
