El gobierno de Guatemala, presidido por Alejandro Giammattei, declaró este domingo el estado de sitio en el municipio indígena de El Estor, justo un día después de que la policía disolviera una protesta contra una minera suiza que dejó cuatro policías heridos con armas de fuego y civiles afectados por gases lacrimógenos.
La medida suspenderá el derecho de manifestación y permitirá a las fuerzas de seguridad realizar detenciones sin orden judicial, entre otras restricciones constitucionales, durante 30 días, detalló el gobierno en un decreto publicado en el Diario de Centroamérica, la gaceta oficial del país.
“En el municipio de El Estor (…) varios habitantes y grupos armados han realizado una serie de acciones que se enmarcan en indicios fundados de actos violentos y ataques contra la fuerza pública”, señaló el decreto.
El estado de sitio debe ser ratificado en los próximos días por el Congreso para mantenerse vigente.
El sábado, la policía desalojó una carretera donde un grupo de indígenas estaba apostado desde el 4 de octubre “en resistencia”, denunciando que la Compañía Guatemalteca de Níquel, filial de la firma suiza Solway Investment Group, mantiene sus operaciones a pesar de que la justicia ordenó suspenderlas mientras el gobierno realiza una consulta comunitaria.
El grupo, que se opone a la minera por considerar que causa daños ambientales, también denunció que el Ministerio de Energía y Minas no los ha tomado en cuenta en el proceso previo a la consulta.
En la operación resultaron heridos cuatro uniformados por heridas de bala en las piernas, según un informe policial. Varios residentes resultaron afectados por los gases lacrimógenos disparados por los antidisturbios, según la prensa local.
“El estado de sitio se establece al considerar y determinar que (…) en El Estor (…) se han realizado acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes”, agregó el gobierno.
En junio de 2020, la Corte Constitucional, máxima instancia judicial del país, suspendió las operaciones de la CGN, iniciadas en 2014, al aceptar la demanda de las comunidades indígenas que denuncian no haber sido consultadas sobre la explotación de minerales en su territorio.
La Corte afirmó que el gobierno incumplió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la consulta libre, previa e informada a los pueblos locales, además de no realizar un estudio de impacto ambiental de la zona, por lo que ordenó el referéndum comunitario.
