GUATEMALA. Miles de guatemaltecos repudiaron al presidente del país, Alejandro Giammattei, y exigieron su renuncia, junto a la de la fiscal general, Consuelo Porras, en una jornada de marchas y bloqueos convocada como parte de un paro nacional.
La indignación social se desató después de que Porras destituyera a Juan Francisco Sandoval, entonces titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), último bastión para la investigación de casos de corrupción que involucran a políticos y empresarios.
“Hoy es un día de victoria para todos los pueblos. Es un día de unidad que hemos soñado, donde dejamos la diferencia entre los xincas, los ixiles, los garífunas, los mestizos y los mayas”, dijo el líder indígena Martín Toc a la multitud en el departamento de Totonicapán, donde se realizaron plantones masivos.
El paro general había sido convocado por Toc, como presidente de la organización 48 cantones de Totonicapán, además de otros sectores sociales, y pese al rechazo de los empresarios, las protestas contra Giammattei y Porras tuvieron eco en gran parte del territorio.
Otro de los líderes de la manifestación en Totonicapán, José Santos Sapón, dijo que “repudian” las “acciones tomadas” recientemente por Giammattei y Porras y “lo que piden es la renuncia de ambos”.
Además de Totonicapán, en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Sololá, Escuintla y Huehuetenango hubo protestas.
En Quiché, la líder indígena y Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, encabezó una manifestación en la que aseguró que “los mañosos se han apoderado del Palacio Nacional, se apoderaron del sistema judicial” y “ahora los ladrones son profesionales”.
Menchú subrayó que “lo más importante es que nos unamos” y que “salga Consuelo Porras y se juzgue y castigue a los responsables de la corrupción y la impunidad”.
La ciudad de Guatemala, junto con Totonicapán, fue la que más manifestantes tuvo este jueves, con gran parte de las protestas frente al Ministerio Público (MP) que encabeza Porras, en el centro de la capital.
“Exigimos la renuncia de Porras y del presidente Giammattei“, dijo a la prensa la diputada opositora Lucrecia Hernández Mack, de la bancada de Semilla, en las afueras del Ministerio Público, acompañada de poco más de 10 legisladores.
“Estamos cansados de la cooptación que se viene dando en todas las instituciones del sistema de Justicia y del Ejecutivo“, agregó Hernández Mack.
Tras ser destituido de su cargo y antes de partir al exilio vía El Salvador por amenazas contra su vida, las palabras de Sandoval en conferencia de prensa tuvieron amplio eco en el país.
El fiscal explicó en una maratónica conferencia que Porras, quien asumió el cargo en 2019, ha detenido varias investigaciones contra el gobierno de Giammattei.
“Su intención (de Porras) es proteger a sus amigos que podrían estar involucrados en las investigaciones”, dijo.
La decisión de la fiscalía de destituir a Sandoval de su cargo, alegando una pérdida de confianza, fue duramente criticada por Estados Unidos, organismos internacionales y organizaciones guatemaltecas.
La ex dirigente estudiantil guatemalteca Lenina García, una de las protagonistas de la lucha social contra la impunidad en Guatemala en los últimos años, asegura que los gobiernos de Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024) se encargaron de “limpiar la mesa” de la corrupción.
García, de 29 años, explicó en una entrevista que ambos impulsaron una “alianza criminal” con cierto éxito gracias a la respuesta de los sectores económicos que fueron golpeados por las investigaciones de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que permaneció en el país centroamericano de 2007 a 2019 y acusó a más de 200 personas.
Ambos gobiernos “se han encargado de limpiar la mesa, de sacar a todos los actores políticos sociales, como la Cicig, de montar tribunales a su antojo y de cooptar a la Corte Suprema“, expuso García.
Lenina García participó como estudiante en las grandes manifestaciones de 2015 entre abril y septiembre que culminaron con la caída del gobierno del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, acusados por la CICIG y el Ministerio Público de liderar una estructura de defraudación aduanera y lavado de dinero.
