La desaparición de la concentración de 30 mil migrantes que llegaron desde el 9 de septiembre a la frontera de Ciudad Acuña, Coahuila-Del Río, Texas, y la eventual solicitud de asilo a 12 mil 400 haitianos, refleja una efectiva gestión migratoria por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).
“Fue una respuesta a la visibilidad internacional y a los efectos de los excesos de contención de algunos miembros de la Patrulla Fronteriza, que no corresponden a la visión humanitaria propuesta por la administración Biden hacia los migrantes.”
Y tal visión humanista se puede ver en el ingreso de cerca de 60 mil menores no acompañados a Estados Unidos en los últimos 4 meses. Una situación nunca antes vista en la política migratoria estadounidense.
Este es el análisis del doctor José María Ramos, profesor-investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte (ColeF).
Señala que un tema central es “si la desaparición de la concentración de migrantes haitianos resolverá su problema y el de cerca de un millón de personas deportadas por Estados Unidos en los primeros 8 meses de este año, de las cuales cerca de 40 por ciento pretende reingresar o ya lo hizo a Estados Unidos. De este total, se estima que el 60 por ciento son mexicanos.
Sostiene que el papel de los traficantes de migrantes ha sido y seguirá siendo fundamental. “Tuvieron la capacidad de movilizar entre 8.000 y 12.000 haitianos en pocos días. Han movilizado a la mayoría de los migrantes retenidos por las autoridades de inmigración de Estados Unidos”.
Considera que la situación y los efectos laborales de la pandemia y la flexibilización de la actual política migratoria estadounidense, generaron un área de oportunidad para los traficantes de migrantes.
El Dr. Ramos afirma que “la solución propuesta a estos flujos migratorios no es viable a corto plazo”.
En el caso de Haití, sería deseable un mayor compromiso con una política de gobernabilidad y políticas efectivas para promover el crecimiento de la nación caribeña.
“Es importante que la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional y la Fundación Interamericana, pueda canalizar el financiamiento para la asistencia humanitaria, económica, de desarrollo y de salud a los países involucrados, como sucedió con la asistencia para atender el problema de los migrantes venezolanos”, dijo.
Sobre esto, recordó que los migrantes venezolanos -cerca de 5 millones-, desde 2017 han recibido más de mil 900 millones de dólares, incluyendo mil 650 millones de dólares en asistencia humanitaria dentro de Venezuela y en la región, según el Departamento de Estado.
También señaló en su análisis, que el gobierno de Estados Unidos tendrá que asumir los costos de una agenda de corresponsabilidad migratoria limitada, de acuerdo a los siguientes efectos:
Flujos migratorios permanentes; control y flexibilidad migratoria; propuestas no realizadas para atender las causas de fondo de los flujos; polarización del tema migratorio a nivel nacional y, en particular con la agenda del Estado de Texas.
También, por el escaso apoyo político del Partido Republicano a la propuesta de reforma migratoria del Partido Demócrata; el aumento del riesgo de contagio de Covid-19 y de los flujos migratorios y la ausencia de protocolos sanitarios.
En cuanto a la polarización del gobernador Gregg Abbot de Texas, comentó que continuará con una política de contención migratoria y de confrontación abierta con el gobierno federal.
El gobernador de Texas pretende asegurar la frontera y detener a los migrantes. Utilizará a la Guardia Nacional y al Departamento de Seguridad Pública de Texas para evitar la migración irregular, por cuya frontera cruza alrededor del 60 por ciento de los migrantes, dijo.
Considera que esta polarización reabre el debate sobre los costos políticos y, en parte, económicos de la migración en las fronteras, dado el alcance de la política migratoria del gobierno federal de Estados Unidos.
También señala que en las recientes reuniones regionales e internacionales de la CELAC y de la ONU, no enfatizaron las políticas hacia una mayor y efectiva corresponsabilidad y compromiso con la agenda migratoria regional.
“El gobierno de Estados Unidos no aprovechó estos dos espacios para proponer una agenda migratoria multinivel acorde con el contexto de la pandemia. No obstante, las contribuciones de organismos como ACNUR, OIM, OMS, OPS y UNICEF a la gestión y política migratoria en las fronteras con México“, subrayó.
Y finalmente, comentó que la actual política de gestión y migración del vecino país del norte, hace visible la necesidad de conceptualizar y definir políticas basadas en una efectiva gobernanza multinivel y multidimensional.
Esto incluye la migración, la seguridad pública y fronteriza nacional, la salud, el empleo, los derechos humanos, los cruces fronterizos y la protección del medio ambiente.
