La Conferencia Episcopal Francesa anunció el lunes que venderá parte de su patrimonio y, si es necesario, pedirá un préstamo para compensar a las víctimas de pederastia en sus filas.
Los obispos franceses no mencionaron la cantidad total que consideran necesaria, pero aseguraron que se financiará con fondos propios y no con donaciones de fieles ya implicados en otras misiones.
El fondo, al que los obispos habían aportado parte de sus contribuciones, se había decidido en la asamblea plenaria de marzo y estaba en funcionamiento desde principios de octubre, pero ante la magnitud del problema tuvieron que admitir hoy que tendrían que recurrir a otras fuentes.
El Presidente de la Conferencia Episcopal, Éric de Moulins-Beaufort, dijo que las diócesis harán un balance para ver qué fondos están disponibles, y añadió que también utilizarán sus “reservas”.
El compromiso se acordó al final de la sesión plenaria, que comenzó en Lourdes el martes y se centró en gran medida en las víctimas de pederastia, después de que una comisión independiente cifrara en octubre el número de casos desde 1950 en más de 216.000.
Los obispos también decidieron crear nueve grupos de trabajo para analizar las causas de la violencia sexual en la Iglesia, entre otras cosas, y pidieron al Papa que enviara un equipo para estudiar la protección de los menores.
Al final de la conferencia, también se decidió realizar una auditoría externa de las celdas de audiencia para las víctimas, crear un tribunal canónico nacional que comenzará a funcionar en abril de 2022 y firmar un protocolo de actuación con los fiscales locales.
“Se ha hecho mucho daño y es necesario abordarlo para liberar a los que han sufrido y a nuestra Iglesia“, añadió De Moulins-Beaufort, anunciando una reunión extraordinaria en junio para revisar los avances realizados hasta ahora.
Los obispos franceses también anunciaron que habían decidido pedir al Papa que les apoyara en la investigación del trato a las víctimas de agresiones sexuales en la Iglesia, y que habían avanzado en la creación de grupos de trabajo para ayudar a renovar su liderazgo local y nacional.
La asamblea plenaria de la conferencia episcopal, celebrada el martes en Lourdes y que terminó con un discurso de su presidente, volvió a pedir perdón por los casos de pederastia que han salido a la luz y expresó su voluntad de avanzar en nuevas prácticas.
“No estamos formados como investigadores, fiscales o jueces de instrucción. (…) El perdón de Dios no puede servir de excusa para escapar de la justicia de los hombres. Nos beneficia ponernos con confianza a disposición de las autoridades judiciales y policiales de nuestro país”, añadió De Moulins-Beaufort.
Si se incluyen los abusos cometidos por laicos que trabajan en instituciones religiosas, la cifra asciende a 330.000.
El viernes pasado, los obispos reconocieron la responsabilidad institucional de la Iglesia católica en estas prácticas, y el lunes subrayaron que se sentían obligados a constatar que “los actos de violencia y las agresiones sexuales contra los menores se cometen a una escala espantosa”.
De Moulins-Beaufort añadió que el trabajo continuará hasta la primavera de 2023, cuando se celebrará una reunión para evaluar lo que se ha conseguido y “traducir en decisiones lo que hay que cambiar”.
