El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) planea contratar personal con sólo estudios primarios o secundarios para que se encargue de prevenir, diagnosticar, atender o derivar a quienes enfrentan situaciones de violencia, adicciones, accidentes y diferentes tipos de enfermedades o dolencias.
Al dar a conocer el Modelo de Salud para el Bienestar (SABI) dirigido a personas sin seguridad social, basado en la atención primaria de la salud, el instituto que encabeza Juan Antonio Ferrer reveló que creará la figura de los gestores comunitarios, quienes serán responsables en sus comunidades del cuidado de la salud individual y familiar, el control de la salud ambiental, la promoción de la salud mental y la prevención de la violencia, las adicciones y los accidentes.
También serán responsables de la promoción del ejercicio físico, del apoyo social a los discapacitados y a los ancianos, y de la labor de defensa de la salud ante las autoridades a nivel local. Además, estarán facultados para realizar censos nominales y elaborar “tarjetas de salud de microdiagnóstico”.
Para llevar a cabo tan vastas tareas, Insabi afirma que “el nivel mínimo de escolaridad deseable para este personal es el bachillerato, pero si la situación local lo requiere, se puede aceptar una educación primaria completa.
Preferentemente deben ser nativos y aceptados por la comunidad para ocupar el cargo, considerando que su conocimiento de las características socioeconómicas y culturales del lugar puede facilitar su trabajo, sumado al dominio del idioma local cuando éste sea relevante.
“La propuesta incluye que formen parte de la plantilla, con derechos laborales reconocidos, incluyendo el disfrute de un salario y condiciones de trabajo seguras, sin coacción ni discriminación de ningún tipo”.
Todos los gestores comunitarios recibirán formación en “un programa de educación continua sobre temas esenciales de promoción de la salud, prevención de enfermedades y otros contenidos diversos de salud pública.”
El documento de 116 páginas, publicado el pasado lunes, señala que el objetivo del SABI es “garantizar por parte del Estado la protección de la salud, bajo criterios de universalidad e igualdad, donde todas las personas, de todas las edades y en todas las partes del país, sin excepciones de ningún tipo y sin catálogos limitativos, reciban servicios de salud gratuitos, con manejo eficiente de los recursos, de manera digna, oportuna, de calidad y eficaz”.
Los gestores harán un seguimiento “hasta el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos”.
Según Insabi, el modelo iniciará de manera piloto en Oaxaca, Chiapas y San Luis Potosí, aunque aún no se ha definido el número de gestores que contratará el instituto.
Estos gestores formarán parte de un Equipo de Salud para el Bienestar (ESB), integrado por un médico general o especialista (odontología, psicología, radiología y técnicos en rehabilitación, trabajo social, laboratoristas, nutriólogos) y una enfermera.
Cada gestor se encargará de “la mejora de la salud integral de un territorio/población definido, idealmente entre tres mil y cinco mil habitantes, distribuidos en un espacio que para llegar a la unidad de atención no tarde más de una hora en transporte regular y caminando no más de siete kilómetros, salvo en zonas rurales con población muy dispersa”.
El año pasado, la entonces subsecretaria de Integración y Desarrollo del Ministerio de Salud, Asa Cristina Laurell, expresó su preocupación por este modelo.
Insabi refiere que será en 2022 cuando se vean los primeros resultados de mejora en los servicios médicos que sustituyeron al Seguro Popular.
