Los gobiernos de Jalisco y Guanajuato buscan reactivar el proyecto de la presa El Zapotillo para abastecer de agua a las zonas metropolitanas de Guadalajara y León ante la grave sequía que azota a la región y que ha obligado a la capital jalisciense a suspender el suministro de agua desde hace tres meses.
Los gobernadores Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco, y Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de Guanajuato, buscan el apoyo del gobierno federal para completar el proyecto, que se arrastra desde hace años con varios problemas como procesos judiciales, un amparo que obliga a revelar información reservada, un informe basado en información de hace 30 años y la oposición de tres pueblos a ser inundados.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Enrique Alfaro se reunirán esta semana para hablar de la presa, que, según los gobernantes estatales, ha sido abandonada por el gobierno federal, ya que este año sólo presupuestó 300 millones de pesos para su mantenimiento.
El proyecto enfrenta el rechazo social de los habitantes de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que se inundarían una vez concluida la obra, y exigen que el gobierno de Jalisco dé más detalles sobre la viabilidad de la presa y sobre la distribución del agua que se compartirá con Guanajuato.
Los activistas en contra de la presa ganaron un amparo que obliga al Ejecutivo estatal a responder sobre el Convenio de Distribución de Agua del Río Verde, donde hay datos técnicos relacionados con la construcción de la presa El Zapotillo y exigen que se den a conocer.
María González Valencia, representante del Instituto Mexicano para el Desarrollo de la Comunidad (IMDEC), denunció que los gobernadores sólo buscan beneficiar a la empresa constructora del proyecto que inició hace más de una década.
“Es muy claro, los gobernantes quieren seguir con el negocio de la construcción, quedar bien con los empresarios y darle el agua de la presa El Zapotillo, no a los que no tienen agua en la ciudad, sino a las constructoras, a las inmobiliarias y a los diferentes corredores industriales”, dijo.
Advirtió que la construcción de la presa El Zapotillo inundaría los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y por eso están dando la batalla.
A nombre de sus compañeros, hizo un llamado a las autoridades federales y en particular al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que cumpla con su compromiso, pues les dijo a los pobladores que si no hay acuerdo, el proyecto se quedará como está.
Reiteró que cuando López Obrador asumió la presidencia acordó con ellos la instalación de mesas de trabajo y dijo que el pueblo tendría la última palabra, si no hay acuerdo, la presa quedará como está.
La obra está inconclusa desde su misma cortina que ha sido levantada en su totalidad, pero fue detenida entre los 80 y 105 metros de altura cuando los inconformes acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con una altura de 105 metros la inundación de los tres pueblos era inminente; con 80 metros podrían salvarse, con algunas obras conjuntas, pero siempre habría riesgo de inundación de su principal afluente: El Río Verde, proveniente de Aguascalientes.
Hoy, sin embargo, los vecinos advierten que el río Verde ya no es lo que era hace 30 años; se ha convertido en un río temporal, lo que significa que se llena cuando llueve, por lo que “ahorita en junio no tiene agua” y se preguntan cómo llenará la presa.
El informe en el que se basa la obra fue elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) a finales del gobierno priísta de Jorge Aristóteles Sandoval, y ya entonces se hablaba de un caudal menor al proyectado en los estudios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que era de 8.6 metros cúbicos.
Los habitantes de estos pueblos sostienen que la proyección se hizo con base en un estudio de hace 30 años, cuando el río Verde tenía un cauce de 60 metros, por lo que consideran importante ver si los datos en los que se basan los gobiernos de Jalisco y Guanajuato para proponer que esta presa requiera más dinero y se termine, están actualizados.
Afirmaron que en Jalisco, al igual que en Guanajuato y prácticamente en todo el país, se necesita una política hídrica y pidieron a las autoridades electas que escuchen a los habitantes, porque “si se hacen los sordos vamos a estar peor”, mencionó el conocido como Padre Gabriel, quien ha acompañado a los afectados por la construcción de la presa.
“En estos dos últimos años en Jalisco en materia de agua estamos peor, no hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones y eso es lo que le decimos al gobierno federal y estatal”.
