Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), uno de los programas emblemáticos de la actual administración federal, implementa acciones para atender a jóvenes con antecedentes penales o que están en tratamiento por adicciones como una forma de reinsertarlos en la sociedad.
En entrevista con El Sol de México, Dayra Vergara Vargas, coordinadora nacional del programa y funcionaria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dijo que han logrado avances importantes en esta nueva línea de trabajo en Chihuahua, Estado de México, Jalisco y el Distrito Federal. En Sonora ya han tenido contacto con el Poder Judicial y la Fiscalía del Estado. Y también quieren llegar a Guanajuato, Sinaloa y Guerrero.
“No queremos ser ajenos a los jóvenes que han cometido un delito. Este es un tema de la comunidad. Incluso sensibilizamos a los actores económicos. No podemos abandonarlos, sino incluirlos en actividades laborales y económicas para que no cometan conductas nocivas”, agregó.
Los candidatos al programa deben estar bajo alguno de los cuatro supuestos: jóvenes que han cometido un delito pero no son reincidentes; jóvenes que ya están en la fase de investigación de un delito, pero aún no han sido sentenciados, es decir, son presuntos culpables; jóvenes con sentencia que están próximos a salir en libertad, y finalmente jóvenes que están en la fase de reinserción.
Aclaró que contemplan a personas que han cometido delitos no graves contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes. “No es para todos los delitos. Es un trabajo como herramienta de reinserción para los jóvenes”, dijo.
Además de los jóvenes en conflicto con la ley, el programa también busca incorporar a otros que están en tratamiento por alguna adicción. Para ello, la STPS está en pláticas con organizaciones sociales y centros de trabajo que estén dispuestos a colaborar en su reinserción.
Un estado en el que ya han comenzado a trabajar es Chihuahua. “Algo que iniciamos es una estrategia de trabajo con el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, donde tenemos altos índices de homicidios dolosos: Chihuahua capital y Ciudad Juárez.
“La propuesta a los jueces, fiscales y unidades de ejecución del Poder Judicial, es el programa JCF como parte de la reinserción de jóvenes entre 18 y 29 años que están en tratamiento de adicciones”, explicó el responsable del programa.
Vergara Vargas destacó que Jóvenes Construyendo el Futuro está presente en casi todos los municipios del país, pero mil 796 reciben atención focalizada (incluyendo 239 considerados como conflictivos), entre ellos, Aguililla, Cananea, Mexicali, Ecatepec, Acapulco, Monterrey, Tapachula y Benito Juárez en Quintana Roo.
Se trata de municipios con alta incidencia delictiva y altos índices de fecundidad, suicidio, pobreza y percepción de inseguridad.
“El trabajo ha sido vital, ya que eran lugares donde los jóvenes estaban prácticamente abandonados. Levantar el programa ha sido muy positivo para estos 1.796 municipios”.
Jóvenes Construyendo el Futuro comenzó como uno de los programas estrella del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Según sus reglas de operación, su objetivo es incluir en actividades productivas a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, como becarios por un año en centros de trabajo públicos o privados con la posibilidad de brindarles capacitación laboral. A cambio, reciben una beca mensual y un seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Sin embargo, es uno de los pocos programas sociales que ha visto recortados sus fondos año tras año. En el Presupuesto de Egresos de 2019 se aprobaron 40 mil millones de pesos; para 2020 fueron 24 mil 958 millones, y este año 20 mil 600 millones. En 2022 se proyecta que se le asignen 21 mil 196 millones de pesos.
El programa tampoco ha estado exento de críticas. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que en su primer año de operación, la STPS entregó apoyos económicos del programa JCF a beneficiarios fallecidos, funcionarios nacionales, empleados de gobierno, empleados de la iniciativa privada y estudiantes, cuando su población objetivo son los jóvenes que no estudian ni trabajan.
El programa también ha sido criticado por incluir entre su cartera de centros de trabajo a pequeños establecimientos comerciales en los que difícilmente los jóvenes podrían capacitarse.
Al respecto, Dayra Vergara explicó que lo que se hace en todos los municipios es incorporar a las unidades económicas de las propias localidades, ya sean talleres, tiendas, tortillerías o farmacias, pues son las que sostienen a las comunidades.
“Queremos que la inversión, los recursos se queden en las comunidades. Ahí es donde necesitamos que los jóvenes se queden. No queremos que emigren“, dijo.
El funcionario agregó que existen más de 250 mil centros de trabajo de la iniciativa privada que colaboran
