Un juez federal concedió al gobernador de Tamaulipas, Francisco N, una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión en su contra, lo que significa que la FGR no podrá ejecutar la orden de captura girada, a menos que sea por delitos graves.
Faustino Gutiérrez Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas, señaló que el mandatario estatal aún goza de inmunidad, ya que el motivo del amparo es determinar “si se cumplió o no el procedimiento” de desafuero del gobernador.
La suspensión provisional es para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se le prive de su libertad.
“Por la misma razón, se decreta la interrupción de la ejecución de cualquier orden de aprehensión girada en su contra, a fin de que el citado agraviado no sea privado de su libertad personal, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva”, dijo.
La semana pasada, el senador Ricardo Monreal indicó que la FGR obtuvo una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas.
Previo a su desafuero el 30 de abril por parte de la Cámara de Diputados, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal le negó la suspensión definitiva contra una posible orden de aprehensión, en caso de que sea destituido del cargo, como parte de las investigaciones que realiza el Ministerio Público y que sirvieron de base para presentar la solicitud de desafuero a la Cámara de Diputados.
El mandatario también solicitó acceso a la carpeta de investigación en su contra argumentando que el Ministerio Público le negó la defensa de la carpeta de investigación.
Gutiérrez Pérez determinó que en el término de cinco días, la defensa del mandatario deberá exhibir una garantía de 100 mil pesos y fijó el 7 de junio para la próxima audiencia.
El juez señaló que el gobernador del estado aún goza de inmunidad, ya que el motivo del amparo es determinar “si se cumplió o no el procedimiento” de destitución del gobernador.
“La procedencia del amparo cuya materia debe preservarse en este incidente de suspensión será precisamente determinar si se cumplió o no el procedimiento de privación de la inmunidad procesal como requisito de procedibilidad previo al ejercicio de la acción penal en contra del Gobernador quejoso, pues una vez superado dicho obstáculo constitucional, legalmente y sólo hasta entonces podría abordarse el análisis de la diversa orden de aprehensión que también se reclama”, señala.
Asimismo, menciona que deben armonizarse ambas figuras jurídicas, la votación del Congreso de Tamaulipas y la de la Cámara de Diputados respecto al desafuero para procesar al funcionario, ya que el éxito del proceso penal en su contra dependerá, en principio, del previo levantamiento legal de la inmunidad procesal inherente a dicho cargo público.
Ayer, el consejero jurídico de esta administración estatal, Abelardo Perales, confirmó la existencia de un amparo e incluso aseguró que es imposible que el gobernador de Tamaulipas sea detenido.
“Es imposible -que sea detenido- porque va a ser suspendido -ya se aplicó un amparo-, ya hay un amparo y hay una controversia”, afirmó el funcionario.
Al gobernador sólo se le ha visto en fotografías publicadas en sus redes sociales en las que aparece trabajando con su gabinete desde la Casa de Gobierno, edificio que permanece bajo la vigilancia del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes).
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