La Cámara de Diputados recibió la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que propone devolver a Petróleos Mexicanos (Pemex) todo el control sobre el almacenamiento, distribución, transporte y venta al mayoreo de productos petroleros en el país. Además, incluye la revocación y suspensión de los permisos otorgados a los particulares que ya participan en el mercado abierto.
De acuerdo con la iniciativa, el sector afectado es el downstream (que considera las actividades de refinación hasta la venta al consumidor final), con la modificación de los artículos 51; 53, segundo párrafo; 56, fracción XI, y 57, y la adición de una fracción XII, pasando la actual fracción XII a ser fracción XIII, al artículo 56; el artículo 59 Bis, y un segundo párrafo a la fracción II del artículo 86 de la Ley de Hidrocarburos.
Como adelantó El Sol de México, la propuesta incluye un apartado dedicado a la suspensión de permisos por peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional, lo que implicaría que Pemex tomara el control de las instalaciones privadas de almacenamiento, transporte y distribución, incluyendo los puntos finales de venta.
“Es importante que las empresas productivas del Estado tengan un papel más activo en el tratamiento y refinación del petróleo, el procesamiento del gas natural y la exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos, así como en el transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y venta al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos (. ..) ya que se considera inadecuado dejar la protección de dichas actividades en manos del sector privado ante riesgos inminentes para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.
La propuesta señala que busca dar seguridad jurídica a los empresarios para que, en caso de que se suspendan los permisos de sus instalaciones, puedan solicitar la suspensión de dicha medida tras demostrar “que las causas que la originaron ya fueron subsanadas o erradicadas, o han desaparecido, siempre y cuando no hayan tenido su origen en delitos penales o infracciones administrativas relacionadas con los combustibles”.
En la exposición de motivos de la propuesta de reforma, el Ejecutivo federal señala que a partir de la Reforma Energética se pasó de un monopolio estatal que refinaba, importaba, transportaba y comercializaba gasolinas y diésel, a un mercado libre en el que los particulares importan gasolinas y las comercializan.
“Tan grave es el daño causado al sector energético nacional derivado de dicha Reforma Energética que no sólo somos el país petrolero que más gasolina importa en el mundo, sino que ahora ya estamos comprando crudo para abastecer a las únicas seis refinerías que apenas sobreviven, pues es relevante mencionar que precisamente desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país”, dice.
Señala que la corrupción de las anteriores administraciones de Pemex afectó al interior de la empresa. “La falta de autosuficiencia en el sector energético fue causada no sólo por el fracaso del modelo económico neoliberal, sino por el predominio durante este periodo de la más sucia corrupción pública y privada”.
La iniciativa señala que “busca desalentar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, así como reordenar diversas actividades económicas del sector energético para combatir la corrupción, garantizar el abasto, así como proteger la economía nacional y los ingresos que recibe el Estado”.
El nuevo artículo 51 queda redactado como sigue: “Los permisos a que se refiere este Capítulo se otorgarán a Petróleos Mexicanos, a otras empresas productivas del Estado y a los Particulares, con base en el Reglamento de esta Ley. El otorgamiento de los permisos estará sujeto a que el interesado demuestre que, en su caso, cuenta con: I. Un diseño de instalaciones o equipos conforme a la normatividad aplicable y a las mejores prácticas; II.
Las condiciones apropiadas para garantizar la adecuada continuidad de la actividad objeto del permiso; y III. La capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de conformidad con las disposiciones legales aplicables”.
De acuerdo con el nuevo artículo 53 de la Ley de Hidrocarburos, la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía, según el permiso de que se trate, deberá resolver la solicitud dentro de los 90 días naturales siguientes, contados a partir del día siguiente al de la recepción de la solicitud. Si no se emite resolución, se entenderá que el permiso es negado. Actualmente, si ninguna de las dos autoridades responde, el permiso se concede automáticamente.
Las consecuencias legales de la modificación propuesta por el Ejecutivo, implica la revocación de los permisos a los empresarios.
