La diputada María de los Ángeles Huerta, integrante de la Comisión Permanente del Congreso, pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera que investigue los movimientos financieros de la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, principalmente aquellos recursos que tienen que ver con fines electorales.
Esta organización ha sido blanco de acusaciones por parte del presidente López Obrador, quien ha insinuado que la MCCI recibe fondos del gobierno de Estados Unidos, a quien considera adversario de su gobierno, e incluso los ha llamado mexicanos a favor de la corrupción.
Lo que solicita la diputada de Morena en un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria, es que la UIF, en uso de sus facultades y atribuciones, investigue y presente un informe sobre operaciones inusuales y relevantes, así como cualquier movimiento financiero que haya sido utilizado por el MCCI con fines electorales.
Además, Ángeles Huerta del Río también exige que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) realice auditorías a Mexicanos Contra a Corrupción, para determinar si cumplieron en todos sus términos con las disposiciones fiscales vigentes.
“La esencia de las organizaciones de la sociedad civil es unirse para un beneficio social colectivo. En el caso de Mexicanos a la Corrupción no hay un claro beneficio social en sus actividades, por el contrario, tiene un fin de lucro, de evasión fiscal y de defensa de los privilegios y la corrupción de las empresas que son sus donantes. Independientemente de que su presidente sea Claudio X González, esta asociación conserva el espíritu de la corrupción y la búsqueda de beneficios personales por encima de la comunidad”.
Es por estas consideraciones, dice el legislador, que el pasado 6 de mayo el gobierno mexicano emitió una Nota Diplomática a Estados Unidos, para que considere suspender el apoyo financiero que brinda a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
El morenista concluye diciendo que es ilegal utilizar el financiamiento de un país extranjero para procesos electorales, así como utilizar las figuras de asociaciones civiles para evadir el pago de impuestos; así como desviar los recursos de las asociaciones para fines personales y en contra de la sociedad.
