Un hecho:
Los activistas explican que se trata de una batalla contra un sistema legal mal preparado para este tipo de cuestiones
El activismo contra los combustibles fósiles se convierte a menudo en una oscura lucha en los tribunales de todo el mundo para responsabilizar a las grandes empresas de la emisión de gases contaminantes.
“¿Cómo podríamos obligar realmente a Shell a reducir sus emisiones? Hacíamos campañas, pero no funcionaban”, se preguntaba la activista holandesa Nine de Pater en un coloquio sobre ecojusticia celebrado esta semana en Glasgow, en el marco de la People Summit, la cumbre civil paralela a la COP26.
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La petrolera, continuó la activista, es “uno de los mayores contaminantes del mundo, con un 3% del total de emisiones a la atmósfera”.
Ella, junto con sus colegas de la ONG ecologista holandesa Amigos de la Tierra (Milieudefensie, en holandés), consiguió el pasado mes de mayo que un juez obligara a Shell a reducir sus emisiones en un 45% para 2030, respecto a 2019.
“Mientras no se responsabilice económicamente a las empresas, seguirán contaminando”, dijo a EFE Noah Walker, de la influyente organización alemana GermanWatch.
Esta ONG está involucrada en el litigio entre un agricultor andino, Saúl Luciano Lliuya, y la empresa energética alemana RWE, porque sus emisiones amenazan a su familia, sus propiedades y su población por el peligro de inundaciones ante el deshielo de los Andes.
“Uno de los mayores retos es encontrar todas las pruebas, para poder utilizarlas” legalmente, dijo a EFE el holandés De Pater.
En su opinión, “los jueces no son expertos; se necesitan científicos independientes (…), expertos que expliquen los modelos climáticos para interpretarlos en la ley con un cierto nivel de certeza” para poder decidir sobre el asunto.
Las empresas llegan a pedir la recusación de los magistrados si han expresado previamente sus preocupaciones ecologistas, alegando su “falta de neutralidad”, según Walker.
Además, hay que tener en cuenta la “gran capacidad económica” de los gigantes energéticos frente a “quien está al otro lado”, dijo a Efe la abogada ambientalista Tessa Khan.
Esta abogada británica denuncia tácticas como “retrasar los casos o intimidar a sus oponentes”, aunque, señala, “en el Cono Sur, Asia, Filipinas o Brasil asesinan a sus oponentes”.
Otro de los retos frecuentes a los que se enfrentan estos luchadores es la base legal sobre la que plantear su caso en los tribunales, ya que, en muchos casos, “el sistema legal no está preparado para ello”, señala Walker.
“Intentamos utilizar leyes que ya están ahí”, continúa, aunque “se necesitan jueces valientes” porque “pueden argumentar que la ley nunca se ha aplicado de esta manera o que el cambio climático no es relevante”.
La estrategia para depurar responsabilidades pasa por acciones legales contra gobiernos y empresas.
Y eso incluye denunciar la ausencia de medidas suficientes para luchar contra el cambio climático gracias a “compromisos a nivel internacional, como el Acuerdo de París“, sostiene Walker.
Los gobiernos “quieren limitar el aumento de las temperaturas, pero muchos no están haciendo lo suficiente”, por lo que “podemos demandarlos, diciendo que no están haciendo lo que se han comprometido”, explica Noah.
A pesar de que no es fácil legislar en este campo, el activismo se está moviendo para establecer el “ecocidio” como un delito penal ante la Corte Penal Internacional, al mismo nivel que el genocidio, a nivel internacional.
La sentencia holandesa contra Shell implica que “no es sólo el gobierno el que tiene que cumplir con el acuerdo de París“, sino que también “las empresas tienen que hacer lo mismo”, añade el responsable de GreenWatch.
Walker defiende la necesidad de “una mejor base legal para este tipo de demandas” porque “el daño causado a la naturaleza en sí mismo no es un delito”.
“En algunos países se está empezando a legislar contra la destrucción del medio ambiente”, añade Khan con esperanza.
