La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó este jueves su preocupación por los “graves” episodios de violencia ocurridos en los últimos días contra el pueblo y los líderes yaquis en el norteño estado de Sonora.
“En México, los pueblos indígenas son víctimas de la violencia por parte de diferentes actores, incluyendo grupos del crimen organizado, que buscan controlar su territorio”, dijo Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México, en un comunicado.
Señaló que los líderes de estos pueblos están más expuestos a represalias y acciones violentas debido a su visibilidad por la defensa de sus derechos al territorio y a la cosmovisión.
“Su asesinato o desaparición tiene un efecto amedrentador sobre los pueblos indígenas, impidiendo el libre ejercicio de sus derechos humanos”, dijo.
La ONU-DH recordó que en las últimas semanas se han producido dos desapariciones y dos asesinatos de personas y líderes de la tribu yaqui.
Desde mediados de mayo de este año, Pablo Hernández García, miembro del pueblo de Vícam de la tribu yaqui, se encuentra desaparecido.
Mientras que Lorena Josefina Valenzuela Esquer, hermana del defensor de los derechos humanos yaqui Mario Luna Romero, desapareció el 17 de junio de 2021, aunque fue encontrada con vida cinco días después.
En tanto, Luis Ubando Domínguez Mendoza, líder de la tribu yaqui, fue asesinado en el centro de Ciudad Obregón el 8 de junio, al igual que Tomás Rojo Valencia, quien fue secuestrado el 27 de mayo y encontrado muerto el 21 de junio.
“La impunidad en los crímenes cometidos contra los indígenas no sólo significa la negación práctica del derecho de acceso a la justicia, sino que agrava la discriminación estructural que viven los pueblos indígenas”, condenó Fernández Maldonado.
Aseguró que la realización de una investigación pronta y efectiva constituirá un “mensaje claro” de que estos “terribles actos no serán tolerados”.
Señaló que estas desapariciones y crímenes se dan en el marco de la promoción de un Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, proceso mediante el cual el Estado mexicano busca atender los reclamos ancestrales del pueblo yaqui sobre sus tierras, territorio, agua y desarrollo integral.
Por ello, llamó a las autoridades a redoblar esfuerzos y coordinación para poner fin a la violencia en territorio yaqui y garantizar su derecho a la paz y seguridad.
Exhortó a tomar las medidas necesarias para garantizar una pronta y efectiva búsqueda de los desaparecidos de la comunidad.
Y alentó a que se atiendan todas las líneas de investigación sobre las desapariciones y asesinatos, incluyendo la posible vinculación de los crímenes con las actividades de liderazgo de las víctimas.
Finalmente, exigió que se garantice la seguridad, el acceso a la información y todas las medidas de atención necesarias para los familiares de las víctimas, así como para la población de la tribu yaqui.
La lucha histórica más encarnizada de la tribu yaqui por la tierra y el agua se remonta a finales del siglo XIX, que terminó con las deportaciones de los indígenas de Sonora (noroeste) a la península de Yucatán (sureste).
