Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), explicó que la mayoría de las personas en prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos, por lo que afirmó que esta medida suele castigar la pobreza.
“La mayoría de las personas que están en prisión preventiva no oficial tienen recursos limitados. Es una sentencia sin sentencia, que suele castigar la pobreza. Tenemos que avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como una excepción”, escribió el ministro en su cuenta de Twitter.
Las declaraciones del ministro se producen un día después de que el máximo tribunal del país invalidara la prisión preventiva no oficial por los delitos de contrabando, fraude fiscal y uso de facturas falsas, diciendo que violaba los derechos humanos de los afectados.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa matutina que esta decisión protege la corrupción y hace que no se castigue a todos por igual, por lo que se opuso.
“No estoy de acuerdo por supuesto, creo que sigue protegiendo a las minorías y sólo castiga a los que no tienen influencia o nada para comprar su inocencia, me parece que no han actuado bien”, dijo.
Por ello, Zaldívar justificó su voto a favor de la inconstitucionalidad de la medida, argumentando que el decreto firmado por el presidente y la entonces ministra del Interior, Olga Sánchez Cordero, violaba los derechos humanos por ser “inconstitucional, ya que contradice el principio de presunción de inocencia”.
En otro mensaje difundido a través de su cuenta de TikTok, el ministro reiteró que “en México hemos abusado por mucho tiempo de la prisión preventiva. En muchos casos, las investigaciones se retrasan, afectando sobre todo a miles de personas pobres, que no tienen forma de conseguir un buen abogado.
Por ello, dijo que la prisión preventiva no oficial, que se ordena automáticamente sin examinar las circunstancias del caso, viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
“Esto no significa que delincuentes peligrosos o personas que han defraudado al país estén en libertad sin prisión preventiva oficiosa, sólo significa que en estos casos el juez debe tomar una decisión que justifique por qué una persona debe ser detenida mientras se aclara su responsabilidad”, dijo.
Cabe destacar que ayer el Tribunal anuló la prisión preventiva automática, por lo que la prisión preventiva continuará en estos casos mientras las autoridades la justifiquen ante un juez.
Con información de Rafael Ramírez, Javier Divany y Saúl Hernández.
