La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este jueves que es “obligatorio” para México cumplir con las medidas del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La Primera Sala de la Corte determinó “que el cumplimiento de las medidas y acciones urgentes” del Comité “es obligatorio para las autoridades del Estado mexicano, en sus diversas competencias. Además, dicho cumplimiento debe ser supervisado judicial y constitucionalmente”.
El gobierno mexicano reconoce la competencia del CDS de la ONU desde el pasado mes de septiembre, cuando el Senado lo avaló por unanimidad a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador.
México vive una crisis de desapariciones con más de 88.800 personas sin localizar, más de 4.000 fosas clandestinas y decenas de miles de cuerpos sin identificar, según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Alrededor de la mitad han ocurrido desde 2006 y cerca de una cuarta parte desde el inicio del sexenio de López Obrador, en 2018.
La resolución de la Suprema Corte, avalada por unanimidad por la Primera Sala, ocurrió al resolver un amparo de la madre de un desaparecido, quien en 2013 reclamó acciones del oriental estado de Veracruz, que omitió una investigación “exhaustiva, imparcial y seria”.
“La Primera Sala resolvió conceder el amparo para ordenar a las autoridades responsables que cumplan, en sus términos, con las medidas y acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU“, señaló.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) reconoció el fallo de la Suprema Corte.
“Representa un gran avance en la lucha contra este delito y el reconocimiento de los derechos de las víctimas”, dijo Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México.
La organización detalló que el fallo reconoce la obligación de la fiscalía de asumir la búsqueda del joven desaparecido, reconoce la obligatoriedad de las actuaciones urgentes emitidas por la CED y reconoce el derecho de los familiares de una persona desaparecida a participar en la búsqueda e investigación.
El precedente del Supremo podría afectar a la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGR), promulgada en mayo y criticada por eximir al organismo autónomo de sus responsabilidades de búsqueda.
“Enfrentar la terrible realidad de las desapariciones de personas y dar respuesta a las víctimas es uno de los principales retos que enfrenta México. Para ello es necesario que todas las autoridades implicadas tomen las medidas necesarias”, añadió Fernández-Maldonado.
