Durante las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) firmó al menos 744 contratos para la importación o adquisición de armamento por un monto de seis mil 862 millones de pesos. De éstos, 182 convenios se establecieron con alguna de las empresas que la administración de Andrés Manuel López Obrador demandó ante una corte federal de Estados Unidos la semana pasada.
Los 182 contratos equivalen al 24 por ciento de todos los convenios firmados y de los cuales El Sol de México tiene copia. En términos de dinero, representan un monto de 3 mil 194 millones de pesos, según la documentación proporcionada por la dependencia militar en respuesta a una solicitud de información.
Esto significa que casi uno de cada dos pesos fue a parar a una de las empresas ahora demandadas por el gobierno mexicano o sus filiales por facilitar el flujo ilegal de armas a los cárteles de la droga en nuestro país.
Las empresas a las que el Ejército compró fusiles, rifles, pistolas, ametralladoras, subametralladoras y hasta lanzagranadas fueron Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A. Corp, Beretta Holding S.P.A., Colt’s Manufacturing Company y Glock Ges.m.b.H.
La Sedena no entregó la documentación correspondiente al periodo de febrero de 2015 a diciembre de 2016, por lo que el gasto en armas podría ser mayor. Tampoco entregó los contratos firmados durante la actual administración.
Algunos de los 774 convenios se establecieron en dólares, otros en euros y otros en pesos mexicanos. Para homologar todos los montos a moneda nacional, este medio utilizó el tipo de cambio promedio del año en que se firmó el convenio.
El pasado miércoles 4 de agosto, el Gobierno mexicano presentó una demanda civil ante una corte federal de Boston, Massachusetts, contra 11 empresas productoras y distribuidoras de armas, entre ellas algunas de las más poderosas de Estados Unidos, a las que acusa de realizar prácticas comerciales negligentes que facilitan el tráfico ilícito y han profundizado la violencia en nuestro país.
México busca una compensación económica que, según estimaciones de la cancillería, podría alcanzar el dos por ciento del PIB nacional. El gobierno de López Obrador alega que las empresas sabían que sus prácticas comerciales generaban un daño al país al ser productoras de más del 68 por ciento de las armas que se introducen de contrabando en México cada año.
“El gobierno federal de Estados Unidos ha determinado que las armas de los demandados son una fuente abrumadora de los arsenales de los cárteles… Los demandados son conscientes de que suministran rutinariamente armas de fuego que son traficadas a México“, señala la demanda.
Más de 500.000 armas entran ilegalmente en México desde Estados Unidos, pero otras entran legalmente a través de compras realizadas por el Ejército mexicano y que luego se distribuyen a las fuerzas del orden federales, estatales y municipales. En otras palabras, las armerías estadounidenses terminan alimentando a ambos bandos en la lucha contra el narcotráfico.
La Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones, dependiente de la Dirección General de Industria Militar de la Sedena, es la entidad encargada de la comercialización de armas de fuego, municiones y otros objetos regulados por esta legislación, para proveer de equipo a los cuerpos de seguridad públicos y privados, clubes de caza y particulares que cumplan con los requisitos establecidos.
De los 182 convenios firmados entre la Sedena y las empresas denunciadas, Beretta U.S.A. y Beretta Holding recibieron la mayor parte: 72 contratos por un monto de 1,933 millones de pesos. También se firmaron 61 convenios para adquirir armas de la empresa Colt, por 306 millones de pesos.
Además, se firmaron otros 30 con la empresa Glock, famosa por sus pistolas semiautomáticas, por un monto de casi 814 millones de pesos.
En el periodo de 2006 a 2018, el Ejército Mexicano también firmó 11 contratos con Smith & Wesson, por un total de 41.8 millones de pesos, y ocho con Barrett Firearms, equivalentes a nueve millones.
Las empresas demandadas que no recibieron contratos del gobierno mexicano durante los sexenios de Calderón y Peña fueron Century International Arms, Sturm, Ruger & Company, Witmer Public Safety Group y D/B/A Interstate Arms.
