Las mujeres y niñas migrantes pueden sufrir violaciones y abusos sexuales cuando huyen de sus países, y las leyes antiaborto en Centroamérica agravan su vulnerabilidad y favorecen la impunidad de los responsables.
Esta es una de las conclusiones a las que llega el estudio “Abusadas y abandonadas. Una perspectiva de género sobre el tráfico ilícito agravado de migrantes y su respuesta”, publicado el lunes en Viena por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
El documento ofrece una perspectiva de género sobre los abusos que sufren los migrantes en las rutas del norte de África y Centroamérica a través de entrevistas y datos de otras organizaciones.
“Descubrimos que los migrantes varones son sometidos principalmente a trabajos forzados y violencia física, mientras que las mujeres están más expuestas a la violencia sexual, lo que provoca embarazos no deseados y abortos. Todos los géneros pueden sufrir un trato inhumano y degradante”, explica Morgane Nicot, coordinador del estudio.
Los inmigrantes pueden ser objeto de torturas, violaciones, secuestros y todo tipo de violencia arbitraria, aunque, según el estudio, las mujeres, los menores y las personas LGBT+ son más vulnerables a los abusos.
El informe también denuncia que, a pesar de la gravedad de estos delitos y del uso generalizado de la violencia a lo largo de las rutas migratorias, casi siempre quedan impunes e incluso los funcionarios de los países de tránsito participan en ellos.
Criminalización de las víctimas
Además, ciertas leyes -tanto en el norte de África como en Centroamérica- exponen a grupos especialmente vulnerables, como las personas LGBT+ y las mujeres.
“La legislación que criminaliza el aborto y las relaciones entre personas del mismo sexo apunta a las mujeres y a la comunidad LGBT+”, afirma el estudio.
Y recuerda que en El Salvador y Honduras el aborto es un delito en cualquier circunstancia y en Guatemala sólo es legal cuando la vida de la madre está en peligro.
“Estas leyes presentan una discriminación de género inherente y dificultan el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas migrantes” de la violencia sexual.
La situación de irregularidad de la víctima en los países de tránsito y la existencia de una legislación que puede criminalizarla si aborta, aunque haya sido violada, hace que evite acudir a los tribunales.
“Algunas migrantes son reacias a denunciar los abusos porque pueden ser tratadas como delincuentes debido a su situación irregular o porque han tenido abortos, relaciones sexuales fuera del matrimonio o con miembros del mismo sexo, actos que están penados en algunos países”, señala el documento.
La ONUDD también investigó la motivación de la violencia ejercida por los traficantes contra los migrantes, concluyendo que se utiliza como forma de castigo, intimidación o coerción, o simplemente como muestra de poder.
Por otro lado, el tipo de violencia sexual contra las personas LGBT+ está relacionado con la visión machista de la sociedad de los agresores.
“La violencia sexual también se perpetra sin otro propósito que una demostración de poder, misoginia, racismo o gratificación sexual”, señala el documento.
Otro aspecto revelado es que, debido a diversos factores, las mujeres migrantes suelen tener menos dinero y, por tanto, son más vulnerables a los abusos sexuales para pagar los gastos del viaje, algo que se define como “violación transaccional”.
Por último, el estudio reclama una mayor cooperación internacional para tratar de llevar ante la justicia a quienes cometen estos delitos.
“Estamos ante un delito que no puede ser resuelto por un país de origen, de tránsito o de destino, sino que sólo puede ser abordado con una mayor cooperación internacional”, resume Carlos Pérez, experto de la ONUDD en la lucha contra la trata de personas.
