A casi 30 años de la creación de los tribunales agrarios, se impulsa una reforma para que las mujeres tengan mayor acceso a la propiedad de los 99.8 millones de hectáreas de ejidos en el país. Actualmente sólo poseen el 26 por ciento de estas tierras, a pesar de que en muchas ocasiones son las únicas herederas, dijo la presidenta del Tribunal Superior Agrario, Maribel Méndez de Lara.
En entrevista con El Sol de México, la magistrada indicó que de los 45 mil juicios pendientes ante los tribunales agrarios en México, 54 por ciento corresponde a casos presentados antes de 2019 y los 20 mil 500 restantes son de conflictos de propiedad ejidal o comunitaria presentados en los últimos dos años, y están pendientes por la muerte de personas por Covid-19 y la falta de renovación de los órganos de gobierno en las comunidades.
Respecto a los predios donde se construyen las obras prioritarias del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que se resolvieron por conciliación entre las partes y hubo desistimientos, aunque no descarta que se presenten otros.
Sobre la reforma, Méndez de Lara señaló que la prioridad será avanzar hacia la simplificación del juicio agrario. “Queremos simplificar la prueba pericial e incluir la perspectiva de género como una obligación en materia agraria, además de impulsar el juicio en línea como una opción”, no sólo por la pandemia sino porque en muchas comunidades sí tienen acceso a la banda ancha, lo que acortará las brechas para el acceso a la justicia agraria.
Indicó que en el Senado de la República hay tres iniciativas sobre el tema: una presentada por el morenista Ricardo Monreal, otra por José Narro Céspedes y una más por la panista Xóchitl Gálvez.
“Lo que vemos con satisfacción es que se nos ha pedido una opinión sobre ellas, la entregaremos el 15 de octubre y sería excepcional que el Estado mexicano, a través del Poder Legislativo, emita después de tres décadas una ley que modifique lo que ya hemos comprobado que es insuficiente o ya no responde a la realidad actual”.
Dijo que las tierras ejidales y comunales generan la mayor cantidad de agua dulce, contienen más del 60 por ciento de las áreas naturales protegidas del país y también concentran la biodiversidad, la industria minera, eléctrica y de hidrocarburos, así como el desarrollo urbano y la creación de infraestructura. “Por ello, es importante mirar a los ejidos y comunidades desde la perspectiva de los derechos de propiedad y atender las desigualdades en el campo”.
En las más de tres décadas que tiene el Tribunal Superior Agrario, se han resuelto poco más de un millón de juicios y en mil sentencias se ha negado a las mujeres el derecho en asambleas, a formar parte de los comisariados ejidales y consejos de vigilancia.
“No hay que olvidar que el artículo 37 de la Ley Agraria señala que hay una cuota, que estas comisiones y consejos deben estar integrados hasta por un 60 por ciento del mismo sexo y todavía encontramos núcleos agrarios donde las mujeres no son propuestas como presidentas, secretarias o tesoreras, o bien son propuestas, pero sólo en los cargos de suplentes. Todavía hay muchas controversias en las que las mujeres participan como demandantes o demandadas en la sucesión de los derechos agrarios del cónyuge, con parientes”.
Méndez de Lara indicó que es necesario mejorar las condiciones de gobernabilidad en los ejidos y comunidades, que son alrededor de 32 mil 200 inscritos en el Registro Agrario Nacional y se traducen en 99.8 millones de hectáreas donde se asientan 5.3 millones de mexicanos.
Agregó que durante el 2020 el número de casos que llegaron a los tribunales disminuyó hasta en un 30 por ciento, pero en el 2021 se recuperaron, sólo que ahora hay dificultades por el fallecimiento de los dueños de los predios o de quienes forman parte de los órganos de gobierno en las asambleas.
De los 45.000 casos que se siguen en los tribunales, los conflictos por la sucesión de derechos representan el 29 por ciento de las controversias. Allí, lo más importante es promover la conciliación cuando no hay lista de sucesores y cuando los hijos, por ejemplo, tienen el mismo derecho a heredar y es necesario llegar a un acuerdo.
El magistrado señaló que el 0,5 por ciento de los casos que siguen en los tribunales suelen ser ancestrales. En estados como Oaxaca o Michoacán hay controversias por la tenencia de la tierra que tienen siglos de antigüedad y se remontan a conflictos entre comunidades que disputan sus límites haciendo valer sus derechos desde la época prehispánica y aportan como documentos para probar su propiedad los títulos de la época novohispana.
“Ahí ratificamos el compromiso de los tribunales de impartir una justicia rápida, completa, transparente y que resuelva la raíz de los problemas de la gente”.
