SAN FRANCISCO. La epidemia de muertes por sobredosis en EE.UU., que por primera vez supera las 100.000 al año, ha llevado a soluciones desesperadas, como el proyecto de crear el primer centro público de inyección segura en San Francisco (California), que va en contra de la ley.
La obra se ubicará en una instalación subterránea entre una pequeña galería de arte y un edificio de viviendas. La alcaldesa de San Francisco, London Breed, quiere que los drogadictos puedan inyectarse allí fentanilo y metanfetaminas de forma segura y bajo supervisión, en lugar de hacerlo en la calle.
En los alrededores del centro, el problema es evidente: decenas de personas amontonadas en la acera, en tiendas de campaña, bajo cajas de cartón o a la intemperie, con signos visibles de consumo de drogas, en el corazón de una ciudad donde en 2020 murieron más del doble de personas por sobredosis que por Covid-19.
El principal problema del proyecto de centro de inyección segura del Ayuntamiento de San Francisco, donde la gente puede consumir drogas ilegales bajo la supervisión de personal capacitado y con jeringuillas limpias, es que viola las leyes federales y estatales, pero la ciudad sigue pensando que no puede hacerlo.
En San Francisco, una ciudad de menos de 900.000 habitantes, mueren más de dos personas de media al día por sobredosis, según la prensa local. Más del 70% de ellos mueren por consumir fentanilo, un opiáceo sintético 50 veces más potente que la heroína y letal incluso en las dosis más pequeñas.
Los Centros de Control de Enfermedades afirman que entre abril de 2020 y abril de 2021 se producirán 100.306 muertes por sobredosis en EE.
Los expertos señalan que esta cifra, aunque alarmante, sigue siendo inferior a la real, ya que es muy difícil determinar todas las muertes por esta causa, especialmente en los condados pequeños y rurales donde la epidemia es galopante y donde hay pocos recursos para las investigaciones toxicológicas forenses.
Se calcula que el número real de muertes por sobredosis es entre un 20% y un 30% superior a las cifras oficiales.
El nuevo programa del gobierno de San Francisco estaría en consonancia con la política neerlandesa en materia de drogas, cuyo objetivo es tratar y rehabilitar a los consumidores de drogas, reducir los posibles daños causados por las drogas, eliminar los conflictos de origen entre los consumidores y combatir la producción y el tráfico de drogas.
Las autoridades holandesas creen que el problema no tiene arreglo. Por tanto, están más interesados en controlar y reducir los daños que en seguir promulgando leyes punitivas con resultados diferentes.
Este modelo ha sido emulado en varios países europeos, entre ellos Alemania y Francia, siendo Bélgica el que más se acerca, pero no tuvo éxito en la votación. El proyecto se lleva debatiendo en Suiza desde hace años y todavía se está estudiando.
