Cientos de personas, en su mayoría migrantes, exigieron este sábado en Washington, D.C., al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al Senado una vía para regularizar y permitir que 11 millones de indocumentados obtengan su ciudadanía y reafirmaron el aporte de la migración a la fuerza laboral del país.
Los manifestantes expresaron su apoyo a la reforma migratoria de Biden y a otros proyectos de ley para proteger a los “soñadores” y regularizar a los trabajadores agrícolas indocumentados, ambos ya aprobados en la cámara baja.
La plaza Black Lives Matter, situada en las inmediaciones de la Casa Blanca, se convirtió en el punto de encuentro de una ruidosa y colorida marcha que partió hacia el Congreso y rompió la tranquilidad de una soleada mañana en la capital estadounidense, con consignas de “sí se puede” o la exigencia de “Biden escucha”.
“Estamos aquí exigiendo una solución”, dijo a Efe Luis Aguilar, director de la organización Casa en el vecino estado de Virginia, quien aseguró que “el proyecto de ley más perfecto no significa nada si no se convierte en una solución, en una ley, en una política que cambie la situación de nuestra gente”.
Aguilar pidió al presidente y al Senado que “actúen”, tras considerar que los inmigrantes no pueden esperar “dos años más, ni otra elección”.
En su primer día en la Casa Blanca, Biden cumplió su promesa de presentar ante el Congreso una ambiciosa reforma migratoria cuya principal bandera es la creación de una vía para que miles de indocumentados adquieran la ciudadanía en ocho años, plazo que se reduciría en el caso de los “dreamers” o trabajadores agrícolas.
La propuesta del gobernante demócrata tendrá que superar un empinado camino en el Senado, donde necesitará ganar al menos diez votos de la oposición republicana para alcanzar los 60 necesarios para su aprobación.
Ante el complejo panorama en el Senado, la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó en marzo dos proyectos de ley que ofrecen la posibilidad de obtener la ciudadanía a los “soñadores”, los trabajadores agrícolas migrantes y los beneficiarios de los programas TPS y DED, que protegen a quienes han huido de conflictos o desastres naturales en sus países.
En la celebración del 1 de mayo, Jaime Contreras, vicepresidente del sindicato de conserjes SEUI 32BJ, que cubre Washington y Baltimore, dijo que la economía estadounidense sin la mano de obra inmigrante “no funciona”.
“Si un día tres millones de latinos dejaran de trabajar, la economía se iría a pique”, dijo Contreras, quien defendió que los hispanos son ya 59 millones de personas en Estados Unidos, “un poder” que lamentó que no se haya ejercido con fuerza en las urnas.
