Un mes de tensiones entre los grupos civiles y militares del gobierno sudanés culminó el lunes con un golpe de Estado, que puso fin al proceso de transición democrática que el país inició en 2019 tras la caída de Omar al-Bashir.
El Ministerio de Información dio a conocer que a primera hora del día un grupo de militares detuvo a varios ministros del gobierno, así como a miembros del componente civil del Consejo Soberano, principal órgano de poder en la transición del país africano.
Unas horas más tarde, la oficina del primer ministro confirmó que se desconoce el paradero del primer ministro, Abdullah Hamdok, y de su esposa, y responsabilizó a “los líderes militares” de la vida y la seguridad del presidente y su familia.
Asimismo, denunció lo sucedido como “un golpe total contra lo que la revolución ha conseguido con sangre en busca de la libertad, la paz y la justicia”, en referencia a la revuelta popular que acabó con la dictadura de Al Bashir, derrocada por los militares tras protestas que duraron meses.
Abla Karar, miembro de las Fuerzas por la Libertad y el Cambio (FLyC), la principal agrupación civil del gobierno de transición, dijo a la agencia de noticias EFE que también fueron detenidos los ministros de Industria, Asuntos del Consejo de Ministros, Cultura e Información, Comunicación, además de un miembro civil del Consejo Soberano y otro del FLyC, así como el gobernador de Jartum.
Las detenciones se produjeron pocas horas después de la visita al país del enviado especial de Estados Unidos para el Cuerno de África, Jeffrey Feltman, que mantuvo reuniones durante el fin de semana con las principales autoridades civiles y militares, pidiéndoles que cooperaran para superar sus diferencias y proteger la transición.
La tensión entre ambos había ido en aumento desde el pasado 21 de septiembre, cuando el Ejército aseguró haber abortado un intento de golpe de Estado, del que Hamdok culpó a los “restos” del régimen de Al Bashir dentro y fuera de las Fuerzas Armadas.
El primer ministro aseguró entonces que era necesario “reformar los órganos militares y de seguridad”, lo que provocó el descontento de la cúpula militar y dio lugar al intercambio de acusaciones, la interrupción de las comunicaciones entre civiles y militares y las protestas en las calles durante las últimas semanas.
El golpe alcanzó su punto álgido el lunes con el anuncio por parte del general Abdelfatah al Burhan, presidente del Consejo Soberano, de la disolución del Consejo de Ministros y del consejo que preside, entidades que equilibraban el poder entre civiles y militares.
El general transmitió su discurso por televisión, después de que el ejército tomara la sede de la radio y la televisión estatales de Sudán y detuviera a varios empleados.
Además de la disolución de los órganos, Al Burhan declaró el Estado de Emergencia en todo el país, así como la suspensión de varios artículos del documento constitucional que avalaba la transición, entre ellos la creación de un comité para el desmantelamiento del régimen de Al Bashir, que ha sido así eliminado.
“Afirmamos que las Fuerzas Armadas continúan en el camino de la transición democrática hasta el traspaso de la dirección del país a un gobierno civil electo que logre las aspiraciones” del pueblo sudanés, aseguró Al Burhan.
El general se comprometió a celebrar elecciones generales en julio de 2023, a pesar de que estaban previstas para principios de 2024, y aseguró que hasta entonces un gobierno de “figuras nacionales independientes” asumirá el poder, sin ofrecer más detalles sobre cómo será elegido.
Al Burhan justificó la medida de hoy por el “conflicto” y la “división” en el seno de los órganos de gobierno, que representan “un peligro inminente que amenaza la seguridad de la patria y su unidad”, según sus palabras.
Tras las primeras noticias de las detenciones, varios puntos de Sudán registraron manifestaciones masivas, en las que miles de personas cerraron carreteras y quemaron neumáticos; en Jartum, la capital, el Ejército movilizó un gran número de tropas en respuesta.
Por su parte, el Ministerio de Información acusó a los militares de disparar contra los manifestantes que protestaban contra el golpe de Estado frente a la Comandancia General del Ejército.
El Comité Médico Central, encargado de atender a los manifestantes y contabilizar las víctimas desde la revolución, dijo que al menos tres personas murieron “por disparos de las fuerzas del consejo militar golpista” y más de 80 resultaron heridas tras las protestas del lunes.
Por su parte, las Fuerzas por la Libertad y el Cambio rechazaron “totalmente” el golpe en un comunicado e hicieron “un llamamiento a las masas populares a salir a la calle para preservar su revolución”.
También anunciaron “desobediencia civil en todas las instituciones”.
