Martha Sepúlveda, de 51 años, estaba lista para morir este domingo después de que la Corte Constitucional de Colombia aprobara en julio que se le aplicara la eutanasia: sería la primera en recibir este procedimiento en el país como paciente con una enfermedad no terminal.
“Si es desde el punto de vista espiritual, estoy totalmente tranquila (…) Puedo ser cobarde, pero no quiero sufrir más, estoy cansada. Lucho por descansar”, dijo la mujer que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que añadió que la certeza de morir le daba “tranquilidad”.
Desde que le diagnosticaron la enfermedad, Marta empezó a perder fuerza en las piernas y cada vez le resultaba más difícil caminar largas distancias, lo que empeoraba su calidad de vida.
“Tengo buena suerte. Me río más, duermo más tranquila”, dijo a Caracol TV, que difundió el caso de Martha tras un reportaje.
Sin embargo, unas horas antes de que a Martha se le practicara la eutanasia, el Instituto Colombiano del Dolor (Incodol), encargado del procedimiento, decidió cancelarlo.
A través de un comunicado, el instituto explicó que tomó la decisión después de “tener un concepto actualizado del estado de salud y evolución de la paciente” con el que “se define que no se cumple el criterio de terminalidad como se había considerado”.
Tras la publicación del informe, se desataron los comentarios a favor y en contra de la decisión de Martha por el derecho a morir con dignidad.
La Conferencia Episcopal Colombiana invitó esta semana a Martha a reflexionar “serenamente sobre su decisión”.
“Ojalá (la reflexión se produzca), si las circunstancias lo permiten, lejos del acoso de los medios de comunicación que no han dudado en tomar su dolor y el de su familia, para hacer una especie de propaganda de la eutanasia”, dijo monseñor Francisco Antonio Ceballos Escobar, presidente de la Comisión Episcopal para la Promoción y Defensa de la Vida.
Por su parte, el representante a la Cámara, Juan Fernando Reyes, lamentó “que a Martha Sepúlveda se le haya negado la eutanasia”.
“El derecho a morir dignamente es un derecho de cada persona, el Estado no tiene que interferir en esa decisión, ni nadie. Si queremos que se respeten nuestras creencias y decisiones íntimas, empecemos por respetar las de los demás”, dijo el congresista liberal.
Colombia fue el primer país de América Latina en despenalizar la eutanasia, y uno de los pocos en el mundo donde es legal, después de que la Corte Constitucional consagrara en 1997 la muerte digna como un derecho fundamental en caso de enfermedad terminal, cuando el paciente sufre mucho dolor, la solicita voluntariamente y la realiza un médico.
La sentencia de julio del Tribunal, que modifica el “homicidio piadoso” del Código Penal y que antes contemplaba penas de hasta 54 meses de prisión, anula ese primer requisito de que la persona que lo solicite padezca una enfermedad terminal y lo hace motivado por las barreras que aún persisten en el país para ejercer este derecho.
Aunque es legal desde 1997, el ejercicio de este derecho no comenzó hasta 2015 y los procedimientos siguen encontrando barreras, como que sólo se realiza en determinadas ciudades y muchos centros médicos no saben cómo actuar.
Además, el Parlamento lleva años bloqueando los proyectos de ley que pretenden regular la muerte digna.
En el país solo se han realizado 94 procedimientos de eutanasia desde abril de 2015 hasta el 8 de mayo de 2020, según el Ministerio de Salud, que contabiliza los casos desde que se permitió el procedimiento, 18 años después de que la Corte Constitucional consagrara en 1997 la muerte digna como un derecho fundamental.
La mayoría de estos procedimientos se realizaron en Bogotá o en el departamento de Antioquia y casi 9 de cada 10 fueron a personas con un diagnóstico relacionado con el cáncer.
Además, por cada cinco solicitudes realizadas en el país, sólo se llevan a cabo dos, según datos oficiales.
|| Con información de EFE
