En México no existe la capacidad ni la coordinación institucional para contar con un sistema de identificación forense, advierte Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
“Por un lado, según las cifras oficiales, hay casi 90 mil desaparecidos; por otro, hay alrededor de 40 mil cuerpos sin identificar. El vínculo entre un caso y otro es precisamente la identificación. Ni siquiera es el tema de que no sabemos dónde están, sino que puede ser uno de estos (cuerpos) y no tengo forma de saberlo”, dijo en entrevista con El Sol de México.
En el país se han encontrado cuatro mil 92 fosas clandestinas y se han exhumado seis mil 900 cuerpos desde 2006. Además, el gobierno federal informó recientemente del descubrimiento de nueve “campos de exterminio” en cuatro estados.
De acuerdo con lo expuesto el pasado 18 de julio por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob), en Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León se localizaron sitios donde cientos de personas fueron trituradas y pozoleadas (eliminadas con ácido) por el crimen organizado entre 2009 y 2013.
En este contexto, la construcción de un sistema de identificación es la ruta para dar respuestas a las personas que buscan a sus seres queridos. Fernández-Maldonado considera que el Estado mexicano ha reconocido sus debilidades en la materia, pero debe crear un sistema de identificación de cuerpos dentro del territorio nacional y no en el extranjero, como en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde las pruebas han sido enviadas a la Universidad de Innsbruck para su análisis.
En septiembre de 2013, la Cruz Roja Internacional donó a México una plataforma tecnológica ya desarrollada en otros países, denominada sistema Ante Mortem/ Post Mortem (AM/PM), para el manejo de información forense. “Hay que destacar que el proceso de identificación requiere de un análisis complejo que no se puede resolver con un software, pero ayuda mucho a sistematizar y centralizar la información para que pueda ser analizada oportunamente por los peritos”, dijo Yarimar Cristina Ruiz Orozco, coordinadora nacional forense para México del Comité Internacional de la Cruz Roja, en entrevista con este diario.
Señaló que la Fiscalía General de la República (FGR), después de mucho tiempo, ha hecho un esfuerzo extraordinario para implementar el software en la mayoría de los estados del país, ya que existe una necesidad real de reforzar la centralización de la base de datos.
Precisó que, a diferencia del registro nacional, que recopila la información de las personas desaparecidas, la base de datos AM/PM no sólo integra la información de las desapariciones, sino también de los fallecidos. “Sí está en operación, no es la única que existe. Pero se requiere un esfuerzo de coordinación interinstitucional para que estas bases de datos sean interoperables y puedan comunicarse, para que se intercambie la información y sea parte de este proceso de identificación mucho más complejo”, comentó.
Oficialmente se reconocen más de 80.000 personas desaparecidas en el país. La situación en México representa un esfuerzo de interés internacional, ya que no existe una situación similar en la región en términos de origen o magnitud.
