Ante la crisis forense que enfrenta México, es necesario apostar por un nuevo modelo de análisis que permita la identificación masiva de cuerpos, con la información de las procuradurías estatales, aseguró Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria reconoció que 90 por ciento de los cuerpos no identificados están en los servicios forenses de las procuradurías estatales.
“Estamos incidiendo en dos formas de combatir la crisis forense. Por un lado, el mecanismo de identificación forense y, por otro, tenemos proyectos específicos dirigidos a fortalecer las capacidades forenses de los estados”, dijo.
Explicó que el mecanismo extraordinario de identificación forense se creó en diciembre de 2019 y el pasado 5 de abril se cerró la convocatoria para conformar el grupo coordinador. Éste estará integrado por siete personas: cuatro forenses, un experto en derecho, uno en psicología y uno en cooperación internacional.
Quintana destacó el trabajo del Centro de Identificación Humana, el más importante del Estado mexicano, con todas las autoridades estatales y federales, donde se trabaja en la identificación de 148 cuerpos en el cementerio municipal de Torreón.
“Este es un ejemplo de cómo podemos y debemos trabajar en coordinación con las autoridades federales y estatales y, por supuesto, con los familiares de las personas desaparecidas y los organismos internacionales. Aquí ha habido un acompañamiento importante del Comité Internacional de la Cruz Roja, de Naciones Unidas, de organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional”.
La crisis forense en el país ha tenido episodios como el de septiembre de 2018, cuando se encontró un tráiler con 273 cadáveres en la zona metropolitana de Guadalajara. Entre el 14 y el 17 de septiembre, el vehículo deambuló de una bodega en Tlaquepaque a un predio a cielo abierto en Tlajomulco, luego a una bodega de la Fiscalía de Jalisco en la zona industrial de Guadalajara y, finalmente, llegó a los patios del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
El informe más reciente de Amnistía Internacional reconoce que el gobierno mexicano se centró en una estrategia para hacer frente a la falta de capacidad para realizar exámenes forenses a los cuerpos no identificados.
“El 30 de agosto, el gobierno anunció que México reconocería la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para examinar casos individuales. A finales de año todavía no se había producido”, afirma.
En la misma conferencia, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó que de 2006 al 7 de abril de 2021 desaparecieron en México 85 mil 06 personas; 18 mil 971 de ellas entre 2019 y 2021, es decir, en el actual sexenio.
Detalló que en 2019 se reportaron nueve mil 211 personas desaparecidas; en 2020, ocho mil 322, y en lo que va de 2021, mil 438 personas.
Destacó que entre abril de 2020 y marzo de 2021 hubo una disminución de 22.47 por ciento en las denuncias de desapariciones, en comparación con el mismo periodo de 2019 a 2020. Diez estados concentran casi el 80 por ciento de las denuncias por desaparición.
