En 2020, cinco mil 497 menores fueron atendidos en hospitales de nuestro país por violencia sexual, reveló la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
A través de una publicación, la organización detalló que en 86.2 por ciento de los casos el agresor fue un hombre.
La organización informó que 66.3 por ciento de las niñas y jóvenes de 0 a 17 años atendidas por violencia sexual en el país durante 2020 fueron agredidas por un familiar y en mil 837 casos el agresor sexual no era familiar de la víctima (33.4 por ciento). Además, Redim destacó que sólo en 50 casos la agresión se produjo en la escuela.
“En el #DíaMundialContraElAbusoSexualInfantil reiteramos nuestro rechazo a todas las formas de violencia que siguen vulnerando los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, señaló.
Los niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. “El Estado y sus autoridades deben velar por la garantía de sus derechos y esto incluye la creación de políticas públicas para protegerlos”, advirtió la organización.
De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), 90 por ciento de los casos de maltrato infantil ocurren dentro del hogar y el entorno familiar.
De cada mil casos de abuso sexual cometidos contra menores de edad en el país, sólo 100 son denunciados y de éstos, sólo 10 por ciento son llevados ante un juez, según cifras de la comisión.
La Redim pidió que siga vigente el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que, dijo, el gobierno federal pretende desmantelar.
“La creación y existencia del @SIPINNA_MX era una deuda que el Estado tenía con la infancia en cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño.
Desmantelarlo iría en contra de la garantía de sus derechos”, denunció.
Redim consideró que desmantelar el SIPINNA sería retroceder al menos 30 años en la conquista de los derechos de la infancia en el país. “El Estado no debe retroceder en los derechos conquistados por los niños. Desactivar el @SIPINNA_MX es retroceder al menos 30 años en las acciones encaminadas a la protección de la infancia y la adolescencia.”
Por ello, llamó a las autoridades federales a mantener el modelo actual y fortalecerlo, no desaparecerlo.
