México cuenta con un marco normativo que reconoce casi todos los derechos de las mujeres: sexuales, reproductivos, de no violencia, de construcción de políticas públicas y presupuestos con perspectiva de género, entre otros. El problema viene cuando hay que aplicar lo que la Ley establece, coincidieron algunas de las especialistas convocadas por la Organización Editorial Mexicana (OEM) durante su sexta reunión del Consejo de Género.
Hay avances progresivos en el marco legal en materia de género que surgen de la lucha, pero las mujeres aún están lejos de tener acceso a la justicia.
La abogada Andrea Medina explicó que en los últimos 30 años se ha modificado el marco normativo con perspectiva de género, pero quienes operan la justicia, ya sean litigantes, jueces o Ministerios Públicos, no han asumido este cambio.
En la sexta sesión virtual del Consejo Editorial con Perspectiva de Género, encabezada por Martha Ramos Sosa, directora editorial del OEM, y con la presencia de directores de los 45 periódicos que lo integran, la litigante recordó que lograr la Ley General de Víctimas fue un proceso de reacción ante el nivel de desapariciones forzadas, asesinatos y toda la guerra contra el narcotráfico. Fue decirle al Estado “ya basta”, exigir el derecho a la participación, plantear necesidades y reconstruir el tejido social.
Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), describió durante el encuentro los dos casos de violencia de género que dieron lugar a importantes reformas legislativas en Ciudad de México: la Ley Ingrid y la Ley Olimpia.
La primera se creó a partir del caso de Ingrid Escamilla, quien fue asesinada y su cuerpo desmembrado en febrero de 2020 por su pareja, Erick Francisco N. Las imágenes fueron difundidas en los medios de comunicación. Un año después, en febrero pasado, se aprobó en la Ciudad de México una reforma al Código Penal que establece penas de dos a seis años de prisión para quienes difundan por cualquier medio imágenes de víctimas fatales, especialmente de feminicidios.
Para Teresa Ulloa, la Ley Ingrid es una legislación populista, porque ya se tenían todas las herramientas legales para castigar estas actitudes. Recordó que se sabe que seis funcionarios de la Procuraduría del Distrito Federal estuvieron involucrados en la filtración de las fotos. Sin embargo, “siguen trabajando ahí. Está la Ley, la Procuradora la envió al Congreso de la Ciudad, y no toma medidas dentro de la institución”.
La Ley Olimpia surgió de la iniciativa de Olimpia Coral Melo, quien a los 18 años se enteró de la difusión en WhatsApp de un video íntimo que grabó con su entonces pareja. Cuando intentó denunciar el hecho, el Ministerio Público de Huauchinango, Puebla, le respondió que no había delito que perseguir.
Desde entonces, la activista ha impulsado reformas a los códigos penales de diferentes estados para castigar la ciberviolencia o violencia digital, consistente en actos de acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual (fotos, videos, audios) sin el consentimiento o engañando a la víctima. En la Ciudad de México esta ley está vigente desde el 22 de enero de 2020.
Ulloa consideró que esta legislación es un exceso. “Lo único que vino a hacer es reducir las penas y confundir. Se está extendiendo a todos los estados cuando estas actitudes podrían ser sancionadas con la Ley General de Trata de Personas que tiene que ver con la Ley Digital.”
Gabriela Ramírez, consejera permanente de la OEM y funcionaria del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, recomendó tener cuidado en el manejo de la información de las víctimas.
Sara Lovera, periodista y consejera permanente del OEM, comentó que México tiene un marco normativo que podría presumirse en todo el mundo. Hay un marco legal que garantiza casi todos los derechos de las mujeres mexicanas, pero no muchos periodistas conocen las leyes y no saben cómo preguntar. A veces, agregó, se busca información desde la ignorancia, lo que produce noticias con enormes errores. “Si no vamos a las fuentes originales estaremos desinformando”, subrayó.
Luis Carriles, director del diario La Prensa, dijo que el periódico a su cargo está muy atento a los términos legales, para lo cual se consulta a especialistas.
Georgina Cárdenas, doctora en sociología, dijo que la violencia política contra las mujeres por razones de género es un viejo problema, al que se le hacen nuevas preguntas. Por ello, se siguen diseñando nuevas acciones para erradicar esta violencia.
Para concluir, Martha Ramos dijo que cuando se da una sola versión de una información, la cobertura noticiosa es sesgada, por lo que los periodistas deben buscar otros puntos de vista y confrontar con hechos y antecedentes lo dicho por una autoridad, es decir, dar contexto para que el lector pueda formarse una opinión crítica.
