Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) presentaron los resultados de un análisis de riesgos de corrupción y gasto de los principales programas sociales de la actual administración, donde identificaron una serie de deficiencias, omisiones e inconsistencias que podrían derivar en áreas de corrupción dentro de estos programas.
En concreto, estas organizaciones analizaron los programas Sembrando Vida, Becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para Adultos Mayores y Pensión para Personas con Discapacidad, desde el inicio de estos programas hasta marzo de 2021.
De acuerdo con Alfredo Elizondo, coordinador general del GESOC, respecto al padrón de beneficiarios en programas como Sembrando Vida, Construyendo el Futuro y Pensión para Personas con Discapacidad, el análisis concluyó que no ha sido muy transparente, pues ha habido deficiencias en su construcción y ha habido poca claridad en los procesos de confrontación de padrones para identificar duplicidades entre programas.
Esto se suma a los problemas identificados en su operación, donde se entregaron transferencias monetarias a beneficiarios que no están bancarizados o que no pueden acceder a medios electrónicos de transferencia, además de la ausencia de información sobre los procesos de verificación de entrega de beneficios y la falta de un proceso abierto y transparente para seleccionar los bancos que dispersan los recursos.
En cuanto a la transparencia y participación ciudadana, se encontró que existen procesos poco claros para la presentación de quejas y denuncias por parte de los beneficiarios y no beneficiarios, y en cuanto al presupuesto, existe una ausencia de informes periódicos que reflejen los resultados generados por el gasto público, mostrando el uso de los recursos públicos de manera desagregada.
Por último, mencionaron que encontraron un funcionamiento poco transparente de la estructura denominada “Servidores de la Nación“, donde el censo asistencial estaba “sin información precisa de sus resultados y con deficiencias metodológicas en su ejecución”, sumado a una “confusa cadena de mando”.
Paola Palacios, de Transparencia Mexicana, señaló que en cuanto a la revisión y validación de los padrones de beneficiarios, hay al menos tres padrones que no tienen los mismos campos ni una estructura interna común, lo que “impide que sean interoperables”.
“Este componente del compromiso busca publicar y difundir los procesos de revisión y validación de los padrones y que cumplan con elementos básicos de la Ley de Transparencia, sin embargo, no incluyen todos los elementos que determina la ley”, dijo.
Sobre el sistema más complejo a nivel federal de los tres mencionados anteriormente, señaló que el SIIP-G, que permite albergar todos los programas presupuestarios del gobierno en un mismo lugar, “hasta ahora ha sido un sistema cerrado” y con pocos avances concretos.
Anaid García, de Fundar, señaló que a partir del análisis de los padrones se identificaron problemas, como el hecho de que algunos proveedores no cuentan con información de distribución geográfica a nivel municipal y ninguno tiene información a nivel local.
Además, existen inconsistencias entre la distribución geográfica de los apoyos reportados en los listados y la que se señala en las reglas de operación o en los informes trimestrales. A todo lo anterior se suma el hecho de que identificaron un bajo nivel de participación e involucramiento de las dependencias federales.
