Un grupo de profesores y académicos de las Universidades del Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) presentaron una demanda colectiva por despidos injustificados contra la Coordinación de las universidades, a través de la cual exigen su inmediata reinstalación y el reconocimiento de sus derechos laborales.
Alrededor de 40 trabajadores de las universidades de la llamada Cuarta Transformación interpusieron cuatro demandas colectivas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, las cuales están a la espera de que se tomen todos los expedientes del mismo caso.
Durante una conferencia de prensa, los profesores aseguraron que iniciaron la demanda porque Raquel Sosa Elizaga, directora general de la Coordinadora, “ha ignorado las demandas de los maestros despedidos injustificadamente”, por lo que esta vez solicitaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que ratifique su lema “nada fuera de la ley, nadie por encima de la ley” y proceda a analizar la situación bajo la que se encuentran.
“Como organización de profesores despedidos, denunciamos que nuestro despido ha mermado la calidad educativa de al menos 50 planteles de la UBBJG en el país, en perjuicio de más de mil estudiantes. Además, prevalece la precariedad laboral de los docentes que aún están en activo, quienes se ven obligados a asumir una mayor carga de trabajo y a firmar convenios de colaboración que los dejan en la condición de beneficiarios sociales”, señalaron.
Desde julio de 2021, El Sol de México informó sobre el despido masivo de más de 100 maestros y académicos, cuyos salarios fueron dejados de percibir desde la primera semana de ese mes y a quienes se les notificó el cese de sus actividades a través de un documento titulado “terminación de convenio” que se les pidió firmar para recibir su último pago.
Esta versión fue desestimada por la propia Raquel Sosa quien, en entrevista con la Organización Editorial Mexicana (OEM), afirmó que “no hay despidos, sino renovación de convenios de maestros”, por lo que dijo estar dispuesta a revisar los casos en los que alguien considere que se cometió una injusticia en su contra.
Sin embargo, después de más de nueve meses y ante lo que calificaron como una “situación de violencia laboral y falta de compromiso”, los maestros hicieron un llamado a diversos funcionarios públicos como Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, y Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, para que “atiendan esta situación de acoso y violencia laboral”.
