El presidente de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado el miércoles por hombres armados en su residencia de Puerto Príncipe, un asesinato que llega en un momento en el que el país atraviesa una situación de profunda inestabilidad.
Estas son las claves para entender la crisis en la que está inmerso el país:
Haití ha convocado elecciones presidenciales y legislativas para el próximo 26 de septiembre, comicios en los que Moise no podría ser candidato.
En esa fecha también está prevista la celebración de un referéndum para aprobar una nueva Constitución, un proyecto impulsado por Moise con el fin de reforzar la figura del jefe de Estado, aunque aseguró que no se beneficiaría de la nueva carta magna.
La nueva Constitución fue fuertemente resistida por la oposición y todo el proceso fue visto con recelo por la comunidad internacional por falta de transparencia y por no ser suficientemente inclusivo.
En caso de muerte del presidente, la Constitución de 1987 establece que el Consejo de Ministros, encabezado por el primer ministro, ejerce el poder ejecutivo hasta la elección de un nuevo gobernante.
En caso de fallecimiento después del cuarto año del mandato de cinco años, la Asamblea Nacional debe reunirse para elegir un presidente que cumpla el mandato del fallecido, pero desde enero de 2020 el Legislativo está cerrado debido al aplazamiento de las elecciones previstas para 2019.
La situación al frente del Gobierno tampoco está del todo clara, ya que actualmente hay dos primeros ministros designados.
Claude Joseph ocupa el cargo de forma interina desde el pasado mes de abril, pero este lunes Moise nombró a Ariel Henry, que aún no había asumido oficialmente el puesto.
Por el momento, la única comunicación oficial sobre los acontecimientos proviene de Claude Joseph, quien ha asegurado que la Policía y las Fuerzas Armadas tienen el control de la situación.
La crisis política se desencadenó en 2018 por las denuncias de corrupción de Moise, en torno a los fondos del programa de ayuda venezolano Petrocaribe, y se ha agravado en los últimos años por los problemas económicos y un clima político cada vez más tenso.
Las protestas, a menudo violentas, han paralizado las actividades en Puerto Príncipe durante varias semanas en estos tres años de inestabilidad, y han provocado el aplazamiento de las elecciones legislativas de 2019.
La crisis se agravó el pasado 7 de febrero, día en el que Moise denunció que la oposición, junto con un grupo de jueces del Tribunal de Casación (supremo) y altos cargos de la policía, estaban tramando un atentado contra él ese día.
Las autoridades practicaron varias detenciones, pero los implicados en el supuesto intento de golpe de Estado fueron puestos en libertad por orden judicial.
La oposición no reconoce la legitimidad de Moise desde el 7 de febrero de 2021, fecha en la que consideran que terminó su mandato, debido a una interpretación de un artículo de la Constitución, que permitiría entender que su gobierno comenzó en 2015, coincidiendo con la fecha de las elecciones que acabaron siendo anuladas y no con su investidura, que tuvo lugar en 2017.
Los partidos de la oposición, especialmente los de la izquierda, trataron a Moise de “dictador” por la controvertida forma de gobernar -por decreto- desde el cierre del Parlamento, algo por lo que también ha sido criticado por la comunidad internacional.
Sin embargo, Moise siempre ha asegurado que su intención era dejar el poder el 7 de febrero de 2022, cinco años después de su investidura, y entregarlo a quien fuera elegido.
A medida que la crisis se agravaba, Moise se ganó enemigos entre las familias adineradas, que controlan negocios clave en el país, como la energía, la telefonía o la banca, a las que ha culpado de la corrupción sistémica y la inestabilidad crónica que vive el país.
Recientemente, Moise también se ha ganado enemigos entre las poderosas bandas armadas que controlan muchos de los barrios pobres de Puerto Príncipe.
La violencia de las bandas se ha recrudecido desde principios de junio, sobre todo por la acción del G9 an Fanmi e Alye, una federación de bandas que hasta hace poco se consideraba en la órbita del gobierno y que en las últimas semanas ha declarado la guerra a Moise.
Los conflictos entre las bandas han causado decenas de muertos y heridos y al menos 17.000 desplazados desde principios de junio, debido a los enfrentamientos en barrios como Martissant y Delmas.
