El senador Ricardo Monreal Ávila, en una carta enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destaca la importancia de evitar un colapso constitucional en el Tribunal Electoral (TEPJF), que tiene pendiente un gran número de procedimientos en estudio, derivados del proceso electoral, que deben recibir una resolución apegada a derecho.
“Ante la posible crisis institucional en el Tribunal Electoral, su atención debe ser prioritaria en la agenda nacional, porque el día de mañana la presidencia de la SCJN o cualquier otro órgano constitucional autónomo podría enfrentar la misma situación”, advierte el líder de la mayoría parlamentaria.
También presidente de la Junta de Coordinación Política, Monreal pidió al presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, admitir la controversia interpuesta por el magistrado José Luis Vargas Valdez y emitir una resolución que otorgue certeza al funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El senador afirmó que las causas y las razones importan, pero los procedimientos constitucionales deben ser la vía para resolver cualquier diferencia, porque un Estado con tribunales democráticos requiere de jueces democráticos y, sobre todo, esto implica observar el Estado de Derecho.
El miércoles pasado, cinco magistrados del Tribunal Electoral consideraron que su presidente, José Luis Vargas Valdez, debía ser destituido del cargo sin importar el periodo para el que había sido electo, entre otros argumentos, porque había incumplido varias obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias:
Entre ellas, discrecionalidad e inconsistencia en el turno de asuntos, diferimiento de sanciones sin razón justificada, falta de respeto hacia sus compañeros al llamarlos “manada”, negativa a someter a discusión el tema de la remoción del Secretario General de Acuerdos y del Subsecretario General de Acuerdos, supuesta violación forzada del polígrafo y despido injustificado del personal administrativo.
En el mismo acto se designó al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al día siguiente (jueves) los cinco magistrados fueron recibidos por el ministro Zaldívar en la sede de la Corte.
En este contexto, Vargas Valdez decidió interponer una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Ricardo Monreal reiteró que, desde una perspectiva política y jurídica, el Senado de la República debe responder al llamado de reestructuración o de observancia del orden constitucional en el Tribunal Electoral.
Ello de acuerdo con sus facultades constitucionales, expresas e implícitas, para designar a los magistrados del TEPJF, evaluar cualquier renuncia o separación, evitar la desaparición de un poder público derivado de una crisis institucional y en la búsqueda de garantizar el principio de inviolabilidad de la Constitución.
El morenista agregó que lo sucedido en el máximo órgano pretende dejar sin efectos el mandato constitucional de que el presidente del Tribunal durará cuatro años en el cargo, lo cual no debe justificarse, sino por el contrario, debe valorarse, sobre todo si amenaza la estabilidad de una de las instituciones más importantes de este país.
Monreal también recordó al presidente de la Suprema Corte que “ni la Constitución ni la Ley reconocen facultad alguna a favor de los magistrados del Tribunal Electoral para evaluar formalmente a su presidente. El único órgano facultado para supervisar el desempeño de los magistrados del tribunal es la Comisión de Administración”.
Que la Constitución tampoco establece ninguna facultad para remover o revocar el acuerdo de nombramiento de un presidente electo y que la sesión en la que se realiza el nombramiento del nuevo presidente tampoco es válida porque fue convocada de manera irregular: la supuesta ausencia del presidente.
Además, tampoco se convocó con la antelación razonablemente requerida, ni se transmitió por el cauce adecuado, sino que se hizo a través de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral.
De esta manera, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, el Tribunal se encuentra en una potencial crisis institucional, pero también en una confrontación política que sólo será superada con la voluntad de sus integrantes y mediante la interlocución de buena fe tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del Senado de la República.
