Entre enero de 2019 y septiembre de 2021, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sólo ha impuesto 36 sanciones y multas a 15 centros transmisores de dinero, conocidos como empresas remesadoras, por incumplir las disposiciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De las 36 sanciones, dos fueron amonestaciones, 32 fueron multas (que suman casi 11.9 millones de pesos) y en dos casos se les canceló el registro.
El principal problema fue que los centros transmisores de dinero no entregaron en tiempo y forma a las autoridades sus reportes de operaciones sospechosas, útiles para detectar recursos de procedencia ilícita y prevenir el lavado de dinero.
Las empresas más sancionadas en los últimos dos años y nueve meses fueron Servicio de Transmisión de Pagos (nueve sanciones), Uphold Services de México (seis), Envíos Bien (cuatro), Intra Mexicana (tres) y Nueva Elektra del Milenio (tres).
Ayer, El Sol de México publicó que una quinta parte de las remesas que han llegado a México entre 2020 y 2021 se concentran en 20 municipios con baja intensidad migratoria -es decir, que no son expulsores de migrantes- pero que son reconocidos como zonas con fuerte presencia del crimen organizado.
Encabezan la lista Tijuana, Guadalajara, Puebla, Morelia, Ciudad Juárez, Culiacán, León, Zapopan, Oaxaca, Monterrey y San Luis Potosí.
Tal coincidencia hace pensar a los especialistas consultados por este medio que la mano de la delincuencia podría estar detrás del mar de transferencias de dinero para blanquearlo tras el cierre físico de las fronteras que comenzó en marzo de 2020 y terminó ayer.
La hipótesis se refuerza al considerar que las remesas rompieron récords en 2020, a pesar de que la pandemia de Covid-19 contrajo la economía estadounidense y aumentó las tasas de desempleo de los connacionales que residen en Estados Unidos.
Datos de la CNBV indican que desde 2013 se han cancelado al menos 62 permisos y se ha negado uno para la operación de centros transmisores de dinero. La mayoría de estos permisos fueron cancelados entre 2013 y 2014.
La cancelación del permiso se da cuando una empresa o sociedad deja de cumplir con los requisitos establecidos por la ley, que van desde no proporcionar información sobre su personal hasta no cumplir con las certificaciones de prevención de lavado de dinero. O bien, porque simplemente no solicitaron la renovación de su permiso.
A la fecha, la CNBV tiene un registro de 48 transmisores de dinero a nivel nacional, sin contar las sucursales que cada uno de ellos tiene en municipios o localidades rurales.
Con información de Saúl Hernández
