El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, rechazó este jueves la idea de celebrar el Carnaval en febrero, después de que fuera cancelado a principios de año por la pandemia de coronavirus, pero aclaró que la decisión corresponde a los gobernadores de los estados y a los alcaldes de las respectivas ciudades.
“Para mí, no habría carnaval, sólo hay un detalle, quien decide no soy yo. Según el Supremo Tribunal Federal (STF), son los gobernadores y los alcaldes los que deciden”, dijo el presidente en una entrevista con Radio Sociedades, desde el estado de Bahía (noreste).
En ciudades como Río de Janeiro, que celebra el carnaval más famoso del mundo, o en Sao Paulo, las celebraciones están previstas del 25 de febrero al 1 de marzo, aunque las autoridades de estas ciudades del sureste de Brasil condicionaron su realización a la situación epidemiológica, que mejoró en los últimos meses por el avance de la vacunación.
Sin embargo, esta semana varias decenas de municipios del área rural del estado de Sao Paulo anunciaron que suspenderían el carnaval por razones sanitarias, mientras que otras ciudades alegaron problemas presupuestarios.
“En febrero del año pasado, cuando la pandemia aún estaba comenzando, se sabía poco, no teníamos prácticamente ninguna muerte en Brasil. Declaré la emergencia y los gobernadores y prefectos la ignoraron, hicieron el carnaval” de 2020, agregó Bolsonaro.
“Vinieron las consecuencias, tuvimos 600.000 muertos y algunos intentan acusarme de esa responsabilidad”, se quejó el gobernante.
A pesar de su oposición al carnaval, el gobernante siempre rechazó las medidas para restringir la circulación de personas durante la pandemia.
La primera muerte relacionada con el covid-19 en Brasil se anunció el 17 de marzo de 2020: El carnaval se había celebrado dos semanas antes.
Un mes después, el Tribunal Supremo -la máxima instancia judicial- decidió que la aplicación de las restricciones era responsabilidad de los gobernadores o alcaldes, pero siempre mantuvo que eso no significaba que el gobierno no pudiera tomar sus propias medidas para combatir la pandemia.
A finales de octubre, una comisión investigadora del Senado recomendó acusar a Bolsonaro de 10 delitos, entre ellos “crímenes de lesa humanidad”, por haber “expuesto deliberadamente a la población a una contaminación masiva” con su discurso anti-confinamiento y su renuencia a comprar vacunas.
