SANTIAGO. Legisladores de la oposición chilena iniciaron un proceso de destitución contra el presidente Sebastián Piñera ante las posibles irregularidades en la compra y venta de una empresa minera, reveladas por los Papeles de Pandora.
Se trata de un proceso histórico porque, por segunda vez desde que asumió el cargo en 2018, Piñera se enfrenta a un pedido de destitución. Además, es el segundo presidente chileno en ejercicio que enfrenta un juicio político, tras el sobreseimiento de Carlos Ibáñez del Campo en 1956.
A pesar de que la venta de Minera Dominga en 2010 fue estudiada y desestimada por los tribunales en 2017, una cláusula que condicionaba un pago a que no hubiera cambios normativos reavivó la polémica en torno al presidente, en su primer mandato.
Parlamentarios de todos los partidos de la oposición, desde los comunistas hasta la Democracia Cristiana -que rara vez se ponen de acuerdo- plantearon la solicitud de destitución en la Cámara de Diputados y acusaron al presidente de haber vulnerado el principio de “probidad” y de “comprometer gravemente el honor de la Nación”.
Todo a raíz de los Papeles de Pandora que revelaron irregularidades en la venta de Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera en las Islas Vírgenes Británicas, apenas nueve meses después de asumir su primer mandato (2010-2014).
Según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la venta del proyecto al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano debía realizarse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada ambientalmente protegida, decisión que dependía de Piñera.
Los opositores chilenos aseguran que el gobierno de Piñera siempre ha evitado definir una zona de protección que afecte la instalación del polémico proyecto, que estaría claramente vinculado al caso.
La medida se produce después de que el Ministerio Público decidiera abrir una nueva investigación sobre el caso tras determinar que los detalles de la operación no eran el motivo principal de la anterior investigación.
El multimillonario empresario ha rechazado las acusaciones y ha argumentado que todos los detalles del contrato estaban en el expediente ya revisado y en el que no se encontró ninguna irregularidad.
La polémica ha tomado relevancia en medio de la campaña presidencial y legislativa para las elecciones de noviembre, donde el ex líder estudiantil y diputado Gabriel Boric, apoyado por una coalición del izquierdista Frente Amplio y el Partido Comunista, luce como favorito.
La Acusación Constitucional contaría con los 78 votos necesarios para ser aprobada en la Cámara de Diputados, pero aún no se sabe si podrá avanzar en el Senado.
Los promotores de la propuesta quieren que el proceso se resuelva antes de las elecciones del 21 de noviembre.
Sebastián Piñera, un hábil y millonario empresario, ha quedado así en una encrucijada en la recta final de su segundo gobierno, marcado por un estallido social, una crisis económica y sanitaria, y ahora sumido en la incertidumbre por el proceso de destitución.
