Los abogados del ex gobernador de Chihuahua, César D, informaron que la Secretaría de la Función Pública del Estado declaró improcedente una denuncia en su contra por un presunto desvío de 20 millones de pesos del erario público.
A través de un comunicado, comentaron que fue la semana pasada, cuando personal de la Función Pública a través de la Dirección de Responsabilidades Administrativas, notificó un acuerdo mediante el cual se declaró improcedente una denuncia.
Lo anterior fue informado por el representante legal del ex mandatario, Juan Carlos Mendoza Luján, quien indicó que el procedimiento que se había presentado el 13 de diciembre de 2019 quedó sin efecto y se consideró como un asunto concluido y archivado.
Mendoza Luján, señaló que dicho procedimiento administrativo disciplinario, derivó de una denuncia, por parte de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno de Chihuahua.
Agregó que la denuncia se refería al presunto daño de 20 millones de pesos al erario público, que podría ser sancionado hasta con el triple de lo requerido, lo que representaría una multa de hasta 60 millones de pesos de acuerdo a la normatividad aplicada por la Función Pública.
“El hecho de que no haya procedido con base en los argumentos, fundamentos y documentos presentados por esta defensa a favor del ex gobernador. Este procedimiento concluido a favor de nuestro defendido es el segundo que emite la Secretaría de la Función Pública en el mismo sentido y con el mismo resultado en menos de un mes”, informó el abogado.
Por otro lado, dijo que su despacho tiene sólidas expectativas en la sentencia que resulte del juicio de amparo ante la Justicia Federal, que se resolverá en las próximas tres semanas.
“Nuestra defensa está haciendo valer la multiplicidad de actos reclamados en contra de diferentes autoridades, principalmente estatales, entre ellas el propio gobernador Javier Corral Jurado, así como diversos funcionarios de primer nivel por violaciones flagrantes, reiteradas, continuas e incesantes al Debido Proceso, entre ellas, la Garantía de Defensa, Seguridad Jurídica, Presunción de Inocencia, Privación al Derecho de Propiedad; Persecución Política a través de la Garantía de No Discriminación; así como la omisión dolosa por parte de un Juez de Control del Distrito Morelos de la declaración de nulidad de actos procesales por violaciones a los Derechos Humanos que están perfectamente acreditados en dicha demanda”, concluyó.
