La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha dictaminado que el presidente del país puede ejercer dos mandatos consecutivos, lo que abre la puerta a que el presidente Nayib Bukele se presente a la reelección en 2024.
La sentencia fue dictada por los jueces nombrados en mayo por los diputados del partido gobernante de Bukele, tras destituir a los jueces anteriores, una medida que fue muy criticada por Washington y otras potencias extranjeras.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Tribunal Supremo Electoral “permitir que una persona que ostente el cargo de presidente y no lo haya sido en el período inmediatamente anterior pueda concurrir a la elección por segunda vez”.
El máximo organismo electoral respondió en un comunicado que “acatará las disposiciones emitidas por el máximo tribunal constitucional del país, que prevén la posibilidad de inscribir al Presidente de la República como candidato presidencial (…) para un segundo mandato”.
El gobierno de Bukele también ha elaborado una polémica propuesta de reforma constitucional, que incluye la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años y la posibilidad de destituir al presidente.
El 15 de septiembre, cuando El Salvador y otros países centroamericanos celebren el 200 aniversario de su independencia, el vicepresidente Félix Ulloa Bukele entregará la ley de reforma.
La decisión del Tribunal Supremo suscitó la preocupación de varios sectores, que la calificaron de inconstitucional y de abrir la puerta a la insurgencia.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que la democracia en El Salvador estaba al borde del abismo tras la decisión. “La Sala de lo Constitucional de El Salvador -que cooptó a Bukele en mayo de este año- acaba de permitir que Bukele se presente a la reelección”, escribió Vivanco en Twitter.
Añadió que cree que es “el mismo guión que utilizaron Daniel Ortega (Nicaragua) y Juan Orlando Hernández (Honduras)” para ser reelegidos.
Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, dijo que la organización está monitoreando al país centroamericano para denunciar prácticas que “violan los derechos humanos” y advirtió sobre el desmantelamiento de las instituciones.
“Se han violado gran parte de los artículos centrales de la Constitución“, dijo Saúl Baños, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, refiriéndose a la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal.
En 2014, el mismo tribunal dictaminó que los presidentes deben esperar 10 años después de dejar el cargo para ser reelegidos.
El presidente, que ganó las elecciones presidenciales de 2019 en primera vuelta y por un amplio margen, no ha dicho si buscará la reelección, una posibilidad vitoreada y promovida por sus funcionarios y diputados oficialistas en las redes sociales.
| Con información de Reuters, AFP y EFE