Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos suspendió el sábado la obligación de vacunar a los empleados de las empresas con más de 100 trabajadores, dando un revés al presidente Joe Biden en su intento de convencer a todo el país de que se inmunice.
Según la medida ordenada por el presidente, millones de empleados deberían ser vacunados contra el nuevo coronavirus antes del 4 de enero, pues de lo contrario tendrían que someterse a pruebas muy periódicas.
Anunciado a mediados de septiembre, el mandato de vacunación, que también abarca a los trabajadores de la salud y a los empleados de los contratistas de las agencias federales, es una de las medidas más radicales adoptadas por el gobierno de EE.UU. en un intento de frenar una epidemia que ya ha matado a 750.000 estadounidenses y está socavando la recuperación económica.
Fue adoptada esta semana por el gobierno e inmediatamente impugnada en los tribunales, en particular por el estado de Texas, controlado por los republicanos, que se opone a cualquier obligación de vacunar para luchar contra la pandemia de coronavirus.
En su decisión, el tribunal federal de apelaciones con jurisdicción en ese enorme estado del sur de Estados Unidos dictaminó que los demandantes habían “presentado argumentos que sugieren que existen graves problemas constitucionales y de procedimiento” con el lenguaje del gobierno.
Por tanto, la medida queda “suspendida” a la espera de que el tribunal la examine en cuanto al fondo.
“Podremos desafiar el abuso de poder inconstitucional de Biden en los tribunales”, comentó en Twitter el gobernador conservador de Texas, Greg Abbott, que ya ha prohibido la vacunación obligatoria en su territorio. Añadió que las audiencias tendrán lugar “pronto”.
Aunque sólo se trate de un aplazamiento, se trata de un gran revés para Joe Biden, que acababa de anotarse su primera gran victoria legislativa con la aprobación en el Congreso, el viernes, de su plan de inversión en infraestructuras.
“La vacunación es el mejor camino para salir de esta pandemia”, había dicho Biden en un comunicado publicado el jueves, indicando que hubiera “preferido evitar esta obligación” destinada a afectar a más de dos tercios de la población activa del país.
“Quedan demasiadas personas sin vacunar para que salgamos definitivamente” de la pandemia, estimó.
El texto suspendido deja en manos del empresario la adopción de las medidas que considere oportunas, incluidas las sanciones, contra quienes se resistan a vacunarse y a someterse a pruebas periódicas. Las empresas que no quieran aplicar la obligación se exponen, según la norma, a una multa de entre 13.000 y 136.000 dólares.
La Casa Blanca había anticipado que la nueva norma se impondría en todos los estados, incluidos los que han adoptado leyes que prohíben a los empresarios exigir la vacunación, las mascarillas o las pruebas antivirus.
Sin embargo, en el país de las libertades individuales, la medida desata las críticas de la oposición republicana, que la denuncia como una “dictadura”.
Varias empresas, entre ellas el gigante cárnico Tyson Foods y la compañía aérea United Airlines, ya habían preparado el terreno imponiendo estas obligaciones a sus empleados desde finales de septiembre.
Biden, elegido para dirigir la primera potencia económica del mundo hace casi un año, ha hecho de la lucha contra Covid-19 uno de los pilares de su presidencia.
Pero tras un exitoso inicio de la campaña de vacunación, ésta se vino abajo, provocando la propagación del virus y deteniendo en parte la recuperación económica prometida por el líder demócrata.
Alrededor del 58% de la población estadounidense está vacunada desde noviembre. Esto representa un aumento desde agosto, cuando se empezaron a anunciar las órdenes ejecutivas.
En su mayoría, los trabajadores quieren vacunarse y están de acuerdo con las medidas. La AFL-CIO, la mayor federación sindical de Estados Unidos, dice que es “un paso en la dirección correcta”.
