La estruendosa y ensordecedora explosión se produjo catorce minutos después de la medianoche. Los vecinos de la colonia Culhuacán, en la Ciudad de México, se despertaron bruscamente y apenas se levantaron notaron daños en las puertas y ventanas de sus casas, así como en los vehículos estacionados en la calle. Ese lunes 6 de noviembre de 2006, un par de artefactos explosivos fueron detonados en las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). No fue el único atentado.
En la madrugada de ese día, otras bombas caseras estallaron en la sede nacional del PRI y en un banco. No hubo heridos, sólo daños materiales. Dos años después la historia cambiaría. Una granada fue lanzada contra la multitud que celebraba el Día de la Independencia en Morelia, Michoacán, y otra a pocas cuadras. El resultado: ocho muertos y más de cien heridos.
Once años después, en febrero de 2019, en el centro comercial Mundo E, Estado de México, elementos de Servicios Especiales de la policía estatal desactivaron un artefacto explosivo casero. Estos hechos y otros similares han sido registrados en carpetas de investigación como delitos de terrorismo y son investigados por la Procuraduría General de la República (antes Fiscalía General).
Entre 2006 y 2020, la dependencia federal abrió 210 averiguaciones previas y 55 carpetas de investigación por el delito de terrorismo, su financiamiento y terrorismo internacional, según datos obtenidos por transparencia. Es decir, en quince años ha investigado 265 casos que, según la legislación mexicana, podrían ser considerados actos de terrorismo.
El terrorismo está definido en el artículo 139 del Código Penal Federal (CPF). Establece que se impondrá una pena de 15 a 42 años de prisión y de 400 a 1.200 días de multa a “quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radiactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiación, explosivos o armas de fuego, o por medio de fuego, inundación o cualquier otro medio violento, realice intencionalmente actos contra la propiedad, o mediante incendio, inundación o cualquier otro medio violento, realice intencionalmente actos contra bienes o servicios, públicos o privados, o contra la integridad física o emocional o la vida de las personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de la misma, con el fin de amenazar la seguridad nacional o de presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste a tomar una decisión.
Los datos de la Procuraduría General de la República revelan que las entidades con mayor número de investigaciones son el Distrito Federal, con 18; Michoacán, con 17; Jalisco, con 16; Chihuahua, con 12, y Coahuila y Nayarit, con 10 cada uno. Además, existe el concepto de “Zonas Centrales“, con 103 investigaciones.
Las estadísticas oficiales también indican que en el mismo periodo de tiempo, las autoridades detuvieron a 225 personas, y 203 fueron acusadas de los delitos de terrorismo, encubrimiento de terroristas, personas que amenazaron con cometer el delito de terrorismo y financiamiento del terrorismo, así como de terrorismo internacional. Todos estos delitos están previstos en los artículos 139 a 139 Ter y 148 Bis a 148 Quáter del CPF.
El terrorismo en México es considerado una amenaza a la seguridad nacional.
Cuando se piensa en terrorismo, vienen a la mente casos como la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York, en 2001; los atentados en los trenes de Madrid, en 2004, atribuidos a grupos de Al Qaeda; los múltiples tiroteos en restaurantes, un concierto y ataques suicidas con chalecos explosivos en un estadio de París, en 2015, ejecutados por el Estado Islámico; o el atentado casero en el Maratón de Boston, en 2013.
Pero a diferencia de esas naciones, los actos de terrorismo en México se vinculan más a hechos aislados, lo que representa un terrorismo interno. O en otros casos, se considera terrorismo a los actos de violencia extrema atribuidos al crimen organizado, anarquistas o econanarquistas, que no entran en el concepto internacional de grupos terroristas, según especialistas en la materia.
Un ejemplo de ello es el atentado con granadas en Morelia, durante las fiestas patrias de 2008, atribuido inicialmente a presuntos miembros de los Zetas, que siete años después fueron liberados por irregularidades en el proceso y fabricación de delitos.
En el país no hay grupos terroristas de origen nacional que entren en las categorías internacionales, principalmente en la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Interpol o la Organización de las Naciones Unidas, enfatiza Gerardo Rodríguez, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
“No confundamos los actos de violencia extrema o de terror con el hecho de que haya terrorismo en México por parte de grupos criminales.
