Un juez de control del Estado de México ordenó la detención del empresario Oscar Rodríguez Borgio y del abogado Óscar Israel García Córdova, quienes están presuntamente involucrados en el fraude cometido por más de 400 millones de dólares contra Banamex en el caso Oceanografía.
En este caso, la orden de aprehensión girada por el juez Mario Benito Flores Martínez se debe al presunto delito de fraude específico cometido contra la empresa Desarrollo en Educación Especializada, S.A. de C.V.
Junto con Rodríguez Borgio y García Córdova, el juez de distrito de Nezahualcóyotl también autorizó la búsqueda, localización y aprehensión de un hombre identificado como Miguel Álvaro Mateos Pérez.
“Se ordena la búsqueda, localización y aprehensión de Oscar Rodríguez Borgio, Miguel Álvaro Mateos Pérez y Oscar Israel García Córdova, por el hecho que la ley señala como delito de fraude específico, en perjuicio del patrimonio de la empresa Desarrollo en Educación Especializada, S.A. de C.V., representada legalmente por Víctor Rodolfo Gamboa Martínez“, señala el documento al que tuvo acceso El Sol de México.
El primer acusado, Óscar Rodríguez Borgio, es uno de los ex socios de Oceanografía y dueño de la cadena de casinos Big Bola, que opera en los estados de Sinaloa, Estado de México, Veracruz, Campeche, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Sonora y el Distrito Federal.
Comparte la propiedad del casino con su hermano Francisco Javier Rodríguez Borgio, quien ha estado involucrado en investigaciones de lavado de dinero de sus empresas, como la compañía Grupo Gasolinero Mexicano, que presuntamente vendía gasolina robada por grupos criminales en el estado de Querétaro.
El 24 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de la cadena Big Bola y de Francisco Javier Rodríguez Borgio como resultado de una investigación por posible lavado de dinero.
Por su parte, Óscar Israel García Córdova era el representante legal de la naviera Shipping Group México, a quien las autoridades mexicanas le dieron la propiedad del buque Caballo Maya en julio de 2015, y que es considerado clave en el plan de reestructuración de la empresa Oceanografía.
Shipping Group es la empresa que arrendó las embarcaciones a Oceanografía y que a principios de agosto de 2015 retiró el buque Caballo Maya de Campeche, donde estaba bajo la custodia del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
La empresa Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez Osuna, fue una de las mayores contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Durante los dos gobiernos panistas, esta empresa obtuvo al menos 106 contratos de la paraestatal, que en conjunto sumaron 45 mil 986 millones de pesos: 10 mil 530 millones de pesos durante la administración de Vicente Fox (2001-2006) y 35 mil 456 millones de pesos con Felipe Calderón (2007-2012).
A pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó varias anomalías en los contratos que Pemex entregó a Oceanografía, la paraestatal ignoró las advertencias del órgano fiscalizador durante los sexenios de Fox y Calderón y los contratos continuaron.
Fue hasta el 11 de febrero de 2014, en la administración de Enrique Peña Nieto, que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a la empresa para celebrar contratos con el gobierno federal.
Una vez conocida la inhabilitación de la empresa, Banamex inició una revisión detallada de los financiamientos que otorgó a esa compañía y del programa de cuentas por cobrar durante los últimos años.
Oceanografía había recibido créditos que supuestamente estaban garantizados con facturas por cobrar a Pemex, aunque después se comprobó que esas operaciones eran simuladas.
El 28 de febrero de 2014, con base en una denuncia presentada por Citibanamex, la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR) inició una investigación por desvío de recursos y fraude por más de 585 millones de dólares contra los directivos de Oceanografía.
Ocho meses después se aprehendió a Yáñez Osuna, aunque luego fue liberado bajo fianza en abril de 2017. Tres meses después se levantó el embargo de Oceanografía y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) le devolvió la empresa.
En el momento en que el SAE entregó la empresa a Yáñez Osuna ésta se encontraba en proceso de quiebra, con la flota en grave deterioro y pasivos multimillonarios, así como con miles de empleados en la calle reclamando sus salarios.
La investigación realizada por Citibanamex y Pemex concluyó que sólo 185 millones de dólares, de un monto total de contratos entre ambas partes por 585 millones de dólares, estaban debidamente respaldados.
