La demanda que el gobierno mexicano ha interpuesto contra la industria de las armas en Estados Unidos por facilitar el poder de fuego del crimen organizado se produce en medio de una profunda división ideológica en la sociedad estadounidense sobre el tema. Según una encuesta del centro de estudios Pew Research, los propietarios de armas y los que no lo son difieren significativamente en cuanto a la regulación de la industria; por ejemplo, sólo el 37% de los propietarios de armas apoya la prohibición de la venta de armas de asalto, frente al 74% de los que no lo son. El porte oculto o el armamento principal también son cuestiones que polarizan.