El Senado mexicano completó este jueves la aprobación en lo general de las reformas a la Ley de Hidrocarburos, con las que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca recuperar el control estatal del sector energético y favorecer al gigante Pemex, pero genera incertidumbre entre los inversionistas.
Una vez promulgada, la nueva Ley de Hidrocarburos (LH) permitirá a la Secretaría de Energía (Sener) y al regulador energético, la CRE, suspender permisos de todo tipo relacionados con el crudo y el gas en caso de “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional”.
La ley, que tuvo un acelerado proceso de discusión en el Congreso dominado por el partido gobernante Morena, deja a discreción de la autoridad la definición de los criterios para determinar tales amenazas, lo que analistas y abogados han calificado como uno de los puntos más delicados de la reforma para los actuales permisionarios.
Además, establece que la autoridad se encargará de la administración y operación de los permisos suspendidos para dar continuidad a las actividades, lo que incluye la ocupación temporal de instalaciones, que podrían ser administradas y controladas por una empresa estatal, en este caso Pemex.
También establece que los permisos que no cumplan con la capacidad de almacenamiento establecida por las autoridades o que incumplan alguna disposición de la LH podrán ser revocados, además de tener que demostrar que tienen capacidad de almacenamiento para obtener un permiso.
“Es una amenaza contra la seguridad jurídica de la operación de toda esa infraestructura que está operando”, dijo esta semana a Reuters Rosanety Barrios, analista del sector energético que formó parte del equipo encargado de redactar el marco legal tras la amplia reforma energética de 2013-14.
La nueva ley podría tener repercusiones para las empresas multinacionales con operaciones en México, como Shell, BP, Exxon y Total, que entraron en el mercado de combustibles del país tras la reforma, contra la que el presidente suele arremeter.
México tiene más de 23.600 permisos vigentes, de los cuales más de 13.200 son para estaciones de servicio, pero también incluyen almacenamiento, transporte, comercialización y distribución, entre otros, según datos de la CRE.
Según los analistas, en la práctica los cambios en la LH, creados tras la reforma energética, fortalecen a Pemex, ya que es la empresa dominante en el sector y es la única con capacidad de almacenamiento de petrolíferos suficiente para cumplir con las nuevas reglas del juego.
“Más o menos entre 30 y 40 por ciento de las estaciones de servicio ya operan con marcas distintas a Pemex y estos comercializadores podrían quedarse sin proveedor. Eso es terriblemente grave”, dijo Barrios.
López Obrador es un crítico acérrimo de la reforma energética, que considera un intento del capital privado y extranjero de tomar el control del sector energético clave de México, y ha prometido recuperar para las empresas estatales, Pemex y la eléctrica CFE, el terreno perdido con la reforma, que profundizó la apertura al capital privado.
La autoridad de competencia de México, Cofece, dijo la semana pasada que la iniciativa de ley de entonces, enviada por López Obrador al Congreso en marzo, afecta negativamente al sector. (Reportaje de Adriana Barrera. Editado por Ana Isabel Martínez)
