Un juez federal bloqueó temporalmente la entrada en vigor de una nueva ley de Florida que regula las grandes empresas tecnológicas e impide que las redes sociales puedan “censurar” a sus usuarios y, especialmente, a los candidatos electorales sin consecuencias.
El juez Robert Hinkle, de un tribunal de distrito de Tallahassee, la capital de Forida, aceptó una petición para detener temporalmente la ley mientras se tramita una demanda que alega que va en contra de la libertad de expresión consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Los demandantes son NetChoice, un grupo de presión que representa a Twitter, Facebook y otras empresas del sector, y la Computer and Communications Industry Association.
Estaba previsto que la ley entrara en vigor hoy, 1 de julio.
En un comunicado enviado al Local 10 de Tampa por su oficina, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, republicano y partidario del expresidente Donald Trump, que firmó el 24 de mayo la llamada “Ley de Transparencia Tecnológica” o SB 7072, se mostró “decepcionado” por la decisión del juez y anunció que apelará.
“Planeamos apelar inmediatamente ante la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito (…) El gobernador DeSantis continúa luchando por la libertad de expresión y contra la censura discriminatoria de las Big Tech (grandes tecnológicas)”, señala el comunicado.
Según un comunicado oficial emitido por la Oficina del Gobernador cuando se aprobó, esta ley establece que “todos los floridanos que sean tratados injustamente por las ‘Big Tech‘ tendrán derecho a demandar a las empresas que violen esta ley y a ser compensados monetariamente”.
La ley prohíbe expresamente que una red social expulse a un candidato a un cargo electivo de ámbito estatal en Florida y establece multas de 250.000 dólares diarios para los infractores hasta que se restablezca la cuenta.
Si el cargo no es de ámbito estatal, la multa se reduce a 25.000 dólares diarios.
El argumento es que cualquier ciudadano de Florida puede “bloquear” en las redes al candidato cuyos mensajes no le gusten. “No les corresponde decidir” a las grandes empresas tecnológicas, subraya la norma.
Trump no era un candidato sino el presidente saliente del país cuando, a principios de enero pasado, cerraron sus cuentas en Twitter, Facebook e Instagram por incitar al odio con sus mensajes.
Lo hicieron tras la toma violenta y vandálica del Capitolio por parte de los partidarios de Trump, que antes habían asistido a un mitin en el que el entonces presidente les instó a luchar para revertir el “robo” del que aún dice haber sido víctima en las elecciones presidenciales de noviembre pasado, que ganó el demócrata Joe Biden.
Además de las posibles demandas de particulares y las multas, las plataformas digitales también se enfrentarán a la posibilidad de ser demandadas por el fiscal general del estado si violan la ley SB 7072, en virtud de la Ley de Prácticas Comerciales Fraudulentas.
La ley promovida por DeSantis fue aprobada por el Congreso de Florida, donde los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras.
Al presentar su propuesta el pasado mes de febrero, DeSantis señaló que “cuando se trata de elecciones, las grandes empresas tecnológicas no deberían estar en el negocio de censurar o eliminar las plataformas de los candidatos, sino que los votantes deberían poder tomar esa decisión de forma independiente.”
La “Ley de Transparencia Tecnológica” fue calificada por varias figuras demócratas de Florida como contraria a la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege los derechos de libertad de expresión.
El 8 de enero, dos días después del asalto al Capitolio por parte de los partidarios de Trump, Twitter anunció la suspensión permanente de la cuenta @realDonaldTrump, que tenía más de 88 millones de seguidores y se había convertido en el gran altavoz público del presidente.
La compañía, que había bloqueado temporalmente la cuenta, decidió hacer permanente el veto por el riesgo de “mayor incitación a la violencia.”
Por su parte, el Consejo Asesor de Facebook dio a la compañía un plazo de 6 meses, el 5 de mayo, para reconsiderar el bloqueo indefinido de Trump.
DeSantis, de quien se dice que tiene aspiraciones políticas que van más allá de Florida, ha impulsado recientemente una serie de leyes que acentúan el perfil conservador del estado, como la llamada ley “antidisturbios”, objeto ya de varias demandas.
Otra ley firmada por el gobernador republicano es la que restringe las posibilidades de votar por correo y que también ha sido llevada a los tribunales por organizaciones que afirman que el objetivo es suprimir el voto de ancianos, discapacitados, hispanos y afroamericanos.
