Las políticas energéticas del gobierno mexicano están poniendo en riesgo la biodiversidad del país, advirtió la consultora global Maplecroft.
En su informe Riesgo Ambiental 2021, elaborado para inversionistas de todo el mundo, Maplecroft destaca la apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador por un mayor uso del petróleo y el gas para generar energía.
El análisis detalla los riesgos ambientales que enfrenta cada país, debido a su exposición geográfica a terremotos o lluvias, pero también abarca los daños causados al medio ambiente por gobiernos o empresas establecidas en cada nación.
Otros países que enfrentan la misma situación que México en esta materia son Brasil, Perú, Italia, Indonesia, Colombia y Ecuador.
Sin embargo, en el caso específico de México, agrega que, aún con la pandemia de Covid-19, es el quinto país del G-20 que menos recursos ha destinado o invertido a la generación de energías limpias y, por el contrario, ha apostado más a los combustibles fósiles.
Bajo este escenario, la consultora agregó que México tiene una alta tendencia a enfrentar demandas por contaminación ambiental o a experimentar la presión de alguna organización activista a favor del medio ambiente. “Los acontecimientos del último año han alterado la dinámica climática para mal. Los programas de ayuda Covid-19 de los países del G20 están redoblando la apuesta por los combustibles fósiles en lugar de aprovechar la oportunidad de impulsar las economías bajas en carbono”, señala el documento.
Según Maplecroft, sólo en abril el G20 se comprometió a destinar 641.000 millones de dólares a financiar la recuperación del sector energético, pero el 45% de los recursos han ido a parar a los combustibles fósiles.
Países como India, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania son algunos de los que más dinero han comprometido para el uso de energías limpias. Una de las principales apuestas del gobierno de la Cuarta Transformación es lograr la soberanía energética mediante el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) para que puedan operar sin necesidad de ningún capital privado, nacional o extranjero.
Durante esta reforma, ha habido varios obstáculos para las empresas que buscan obtener permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ya que hay demora en la obtención de estas licencias o se requieren documentos adicionales para que puedan operar.
Pero el problema más reciente fue la publicación de una reforma a la Ley de Hidrocarburos para dar a Pemex un mayor control sobre la energía en el país, ya que, entre otras cosas, se endurecieron los requisitos para otorgar permisos para la distribución, importación o comercialización de combustibles.
